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Un exgendarme y un civil son condenados por tráfico de municiones: los llevaban a comunidades en Ercilla

La fiscalía solicitó una pena de siete años, "sin perjuicio que el delito contempla una pena de entre siete y 10 años", dijo el titular de la investigación, el fiscal Carlos Bustos.

14 de Octubre 2015/CAÑETEEsta semana se ha iniciado el Juicio contra dos Comuneros Mapuche, en la imágen detalle de un Gendarme, por un supuesto hurto de madera, en un caso que involucra más de 8 millones de pesos que los acusados habrían robado desde un fundo de forestal Mininco. Estos dos peñis de la zona de Arauco, encabezan importantes procesos de recuperación territorial en el sector de Wentelolen, entre Cañete y Tirua.
FOTO: MARIBEL FORNEROD/ AGENCIAUNO

14 de Octubre 2015/CAÑETE Esta semana se ha iniciado el Juicio contra dos Comuneros Mapuche, en la imágen detalle de un Gendarme, por un supuesto hurto de madera, en un caso que involucra más de 8 millones de pesos que los acusados habrían robado desde un fundo de forestal Mininco. Estos dos peñis de la zona de Arauco, encabezan importantes procesos de recuperación territorial en el sector de Wentelolen, entre Cañete y Tirua. FOTO: MARIBEL FORNEROD/ AGENCIAUNO

Durante este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Angol, de la región de La Araucanía, dictó veredicto condenatorio contra un exfuncionario de Gendarmería y un civil, por el delito de tráfico ilegal de municiones.

El fiscal Carlos Bustos, de la Fiscalía regional, explicó que las investigación se remonta al 7 de enero de 2021, cuando el inspector Luis Morales Balcazar, de la Policía de Investigaciones (PDI), fue abatido mientras realizaba un operativo en la comunidad de Temucuicui, dentro de la misma comuna de Ercilla.

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Por medio de interceptaciones telefónicas, se pudo esclarecer que el exgendarme, mientras ejercía funciones, se hacía con las municiones por la vía legal en la ciudad de Chillán, las que posteriormente eran trasladadas por su secuaz hacia Wallmapu, específicamente a las comunidades del sector de Collico.

«Hemos solicitado una pena de siete años, sin perjuicio que el delito contempla una pena de siete a 10 años», explicó el fiscal Bustos.

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