Directora de Chile Transparente por informe de Contraloría en Caso Convenios: «Las autoridades de turno tienen responsabilidad»

La exposición del contralor Jorge Bermúdez en la comisión investigadora de Asentamientos Precarios del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la Cámara de Diputados fue, finalmente, una muestra de los alcances que tiene el llamado «Caso Convenios» en el país, particularmente en el traspaso de fondos que, en palabras del propio Bermúdez, se caracterizan por su laxitud.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la llamada «Comisión Jaraquemada», instancia creada precisamente para asesorar al Gobierno en materia de probidad, compartió el diagnóstico del contralor. Lo señaló así la mañana de este lunes en ADN Hoy:

«El contralor señala que había una laxitud tal que permitía mucha discrecionalidad en al toma de decisiones. Eso permite que en algunos casos se asignaran estos convenios a organizaciones con la cuales había una relación de amistad o política; que no hubiera un mecanismo de boletas que no permitía restitución de recursos en caso de mal uso; que no había antecedentes para entender por qué se adjudicaban convenios con una organización en vez de otra; etc. (…) Con esa laxitud ocurre que es muy difícil distinguir cuándo esos convenios no tienen una justificación real y cuando sí. Hay un incentivo a hacer las cosas del mismo modo: sin justificar, ni argumentar, hacerlo de la manera fácil. Pero cuando efectivamente esas organizaciones sí tenían la espalda para hacer los trabajos que efectivamente hicieron. Eso nos dirán las investigaciones. Pero claramente había una laxitud y una discrecionalidad para la toma de decisiones y es importante que esas reglas se vayan cambiando porque hay personas que abusan de esa laxitud y hay otras que, frente a la misma laxitud, no abusan».

Aunque distingue que la laxitud en sí misma «no es una atenuante a la conducta, sino que es un hecho más de la causa para explicar cómo se producen esos casos y que es algo que tenemos que fijarnos para poder reformar hacia el futuro. Pero efectivamente las autoridades de turno tienen responsabilidad».

¿Cuál es la responsabilidad? El caso de Antofagasta con Democracia Viva podría graficarlo: «Quizás no haya delito en asignar un convenio a una fundación cercana, pero sí conflictos de interés. Y esas normas están vigentes: el principio de imparcialidad, en que no se pueden tomar decisiones en razones de parentesco u otras para beneficiar a alguien. Son normas vigentes, por lo que sanciones administrativas puede haber igual».

«Lo que hay que ver es si además hay delito. Pero esa responsabilidad de las autoridades de turno existe igual y por lo tanto, la laxitud de la norma no los exime de haberse abstenido de participar en procesos donde estaban personas conocidas involucradas. Una cosa no quita la otra, pero sí es un modo de entender por qué puede ocurrir tan fácilmente y entender cómo ocurrió para que no se vuelva a repetir», complementó después.

Y si bien la denuncia en sí es importante, precisó Jaraquemada, hay un factor de gestión de información en el que el Estado estaría fallando: «Qué organizaciones han contratado previamente con el Estado y su comportamiento; el pasado laboral de ciertas autoridades; y esa información tienen que usarla para la gestión de riesgos previa, esa información no se está utilizando y es información relevante, porque queremos prevenir esto, tener las luces rojas. En este caso no funcionó y es importante corregirlo hacia el futuro: cómo puede ser que el Estado tenga toda esta información y no la use de manera inteligente. Es un tema relevante».

Desde que la comisión que presidió entregó su informe en agosto pasado, el Gobierno ha dado cuenta, una vez al mes, de los avances de las 46 medidas propuestas. «Hemos visto avances, pero en el plazo que llevamos, cuando la mayoría sin legislativos, será más lento. Y es muy relevante la participación del Congreso», resumió.

Con todo, la exposición e Bermúdez no cambia el contenido del informe, «pero sí lo hace urgente. Y demuestra que es importante, que no es un caso aislado». Mientras que el trabajo de la comisión avanza por otra vereda:

«Es importante entender qué ocurrió y cómo se desarrolló. La existencia de la comisión investigadora tiene importancia en su existencia para determinar algunos de estos puntos, pero también las otras investigaciones que se están haciendo (Contraloría y Ministerio Público). Es importante entender la línea de tiempo para que las entidades correspondientes juzguen si se reaccionó bien o no, y para sacar aprendizajes de esto. Todos estos casos nos golpean muchísimo (…) (Se investiga a 55 de las 250 mil organizaciones existentes en Chile investigadas, universo pequeño) Pero igual el daño es tremendo. Y también como sociedad civil hacer la autocrítica de lo que pudimos haber hecho mejor».