Consejero Luis Silva y proyecto constitucional: «No hay que dramatizar tanto el resultado de lo que se apruebe porque los debates no se clausuran»

1.069 enmiendas eran las que el Consejo Constitucional tenía que votar en un plazo de tres meses, primero en comisiones y luego en el pleno. En esta última instancia, tenía como requisito la unanimidad. Pero algo pasa en el órgano redactor: por una parte, la mayoría de los consejeros (del Partido Republicano, de ultraderecha, y Chile Vamos) son insistentes en hablar de la búsqueda de acuerdos, pero la minoría (el oficialismo, que considera al Frente Amplio y al Socialismo Democrático) asegura que no es oída ni integrada, al punto tal de exigir que se retiren todas las enmiendas.

«Instancias han sobrado», dijo de entrada el consejero republicano y numerario del Opus Dei, Luis Silva, en ADN Hoy. Y profundizó: «Aparte de las que proveía el mismo proceso, que es tenernos juntos en el mismo edificio durante ya 3 meses, se han creado en el curso de este tiempo una mesa de coordinación, que fue bastante temprana, y luego se crearon grupos paralelos que fueron tratando de resolver nudos críticos del anteproyecto y las enmiendas, que para entonces eran conocidas. Finalmente, tuvimos mesas de última instancia, ante la inminencia de la votación del viernes, que terminó fracasando por la táctica negociadora que adoptó la izquierda. Los espacios no han faltado».

Pero hubo dos «condiciones» que se autoimpuso el oficialismo y que «hacen muy difícil el alcanzar acuerdo:

«la primera es que decidieron actuar en bloque y eso significa que los 17 consejeros, que representan a 5 partidos políticos más los pueblos originarios, actúan por unanimidad. Eso dificulta mucho, no solo la coordinación interna (ellos son 17, nosotros somos 22, tampoco es tanto) y obviamente los mínimos comunes, que retroceden mucho cuando tienes un arco de sensibilidades políticas tan amplio como el que representa esa bancada. La segunda condición que se autoimpusieron fue la del todo o nada, queriendo replicar la lógica de la comisión experta, que tratándose de una comisión de 24 personas expertas en derecho constitucional, designada por el Congreso, tiene lógica, sobre todo porque estaban repartidas las sensibilidades políticas en dos mitades iguales (12 y 12). Pero autoimponerse esa lógica del todo o nada en un órgano electo, constituido por 50 consejeros, en donde las sensibilidades políticas se reparten 33 para la derecha, 17 para la izquierda, no tenía buen destino. Eso se ha probado en las negociaciones. El ejemplo más elocuente es lo que ocurrió la madrugada del jueves, cuando se cayó la mesa de negociación, porque básicamente nos exigieron, en una mesa que estaba andando, que renunciáramos a 15 materias que habíamos aprobado en comisión, y que renunciáramos como condición para empezar a hablar de temas que todavía no se abordaban y que eran críticos, como el número de parlamentarios, derecho social, derecho a la salud, etcétera».

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Aunque el académico precisó que ha habido «votos disidentes» de lado y lado, y que en el bloque republicano «se ha dado una conversación muy fluida, muy bien articulada, muy trabajado también»: «La izquierda siempre ha tenido las puertas abiertas para conversar con la UDI, RN o Evópoli. El problema es que por la distribución de votos no les alcanza».

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Ahora bien, su diagnóstico es que el afán de los republicanos, mayoría en el Consejo, ha sido la de «una mayoría responsable», que significa uno, buscar los espacios para oír, entender y buscar los acuerdos. De hecho, hay acuerdos que se han alcanzado, que no son en las áreas más críticas, que no han tenido la suficiente publicidad, pero ha habido. Por otra parte, son muchos los insumos que han mejorado el texto de lo que está quedando, que vienen de las conversaciones con la izquierda, porque te hacen ver las cosas de otra manera, porque agregan información, porque matizan una redacción, y de hecho, el texto que está quedando, primero, tiene una cuota muy importante del anteproyecto intacto. Es decir, lo que lograron en la comisión experta pasa al pleno en una proporción muy significativa, intacto. Después, hay modificaciones de redacción que, cambiando algunas palabras, conservan exactamente lo que aprobaron comisionados expertos. A eso hay que añadir el trabajo que se ha hecho y que se va a hacer por mejorar, desde la derecha, los textos que se van a votar ahora o en la comisión de expertos, y que recoge observaciones que nos han hecho desde la izquierda».

Lo de la imposición de enmiendas fueron contrargumentadas: «Eso de imponer es un poco equívoco, porque acá hay que jugar con reglas formales: hay una discusión de fondo, tremendamente importante, y uno quisiera que esa discusión de fondo no estuviera circunscrita por reglas de forma. Pero el hecho es que tenemos plazos que cumplir».

«Cuando enfrentas entre sí dos buenas ideas, una de izquierda y otra de derecha, y ambas están respaldadas por buenas razones, pero entre sí resultan incompatibles, y resulta que hay una fecha en la que hay que entregar una respuesta. La pregunta es: ¿cuál de las dos buenas respuestas tu eliges? Lo que prescribe el proceso es que se vota; se podría haber dicho que era al azar. Y cuando se vota, cada uno vota lo que le parece mejor. Eso va quedando reflejado en el texto que ahora pasa al pleno y probablemente es lo que se refleje en las votaciones del pleno», ejemplificó después.

En dos semanas de votación del pleno, las enmiendas aprobadas exigen unanimidad. De no lograrse, Silva llamó a desdramatizar el contrato social que podría regir en el cómo se relacionan las personas en Chile en los próximos 50 años:

«(Que la redacción de la Constitución en el Congreso) siempre ha sido una posibilidad. Nosotros, como republicanos, es la opción que defendimos siempre. No estuvimos a favor de los procesos constitucionales porque pensamos que lo más cuerdo era que la institucionalidad imperante, el Congreso, como constituyente derivado, se hiciera cargo de las reformas necesarias. Debe ser visto como una válvula de escape para las eventuales deficiencias que pudiera ser aprobado en el plebiscito del 17 de diciembre. El texto va a ser perfectible por el solo hecho de que está hecho por personas. A eso agrégale que todas las diferencia ideológicas o técnicas que nacen cuando sea aprobado. Pero el Congreso siempre va a conservar, bajo las reglas de la nueva Constitución, de ser aprobada, el poder de reformarla. Ahí viene una instancia muy interesante para pulir todo lo que el texto aprobado merezca para acomodarse mejor a la realidad política del país, asumiendo que lo que resulte del Consejo Constitucional merezca esas mejoras. No hay que dramatizar tanto el resultado de lo que se apruebe, si se aprueba el 17 de diciembre, porque los debates no se clausuran».

«Que se apruebe la Constitución (que salga del Consejo), sin dramatizar lo que quede escrito. Hemos tenido la discusión varias veces en el Congreso en que se nos acusan de clausurar la discusión. Hacen sinónimo el hecho de que algo quede en la Constitución con que ya no se puede volver a discutir, lo que es una falacia, porque en democracia todo se puede discutir y todo lo que quede en la Constitución puede ser modificado por el Congreso», agregó después.

Con todo, aseguró que los esfuerzos son para aprobar el texto. «Lo principal es ofrecerle a la ciudadanía un texto que por lo menos la deje tranquila de decir: se puede dar vuelta la hoja. Es un texto que permite dar vuelta la hoja, diciendo que en el Congreso, con su mayoría cambiante, puede hacer los ajustes que el texto requiera».