Querellantes de caso ‘Democracia Viva’ solicitan a fiscalía que cite a declarar a Jackson, Crispi y Martínez

Este lunes, en el marco del caso Democracia Viva, los parlamentarios republicanos, Cristián Araya y Juan Irarrázaval solicitaron a Fiscalía que cite a declarar al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, al asesor de La Moneda, Miguel Crispi Serrano y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

En detalle, los diputados, representados por el abogado Sergio Rodríguez, realizaron la solicitud en medio de la ampliación de querella que presentaron por dicho caso, donde se investiga el delito de fraude al fisco producto del traspaso de $426 millones desde la Seremi de Vivienda a la fundación.

De esta forma, la acción penal, ingresada en el juzgado de garantía de Antofagasta, está dirigida contra Jackson, Crispi, Martínez y contra todos los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores del delito de fraude al fisco y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación, consigna Emol.

Cabe recordar que la Contraloría General de la República y el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), actualmente, cuestionan los controles respecto del traspaso de recursos públicos tanto a la fundación Democracia Viva, como a Procultura y Urbanismo Social, todas indagadas en Antofagasta.

«Modus operandi»

De acuerdo a los parlamentarios, «el modus operandi resulta similar en todos los casos. Un funcionario público dotado de facultades para asignar recursos (entregar millonarias sumas de dinero), que arbitrariamente los transfiere mediante convenios a personas relacionadas por amistad, vínculos políticos y otros similares, fraccionándolos a fin de evitar el control de la Contraloría General de la República, y sin ni siquiera las garantías mínimas de la contratación pública».

Además, «los sistemas de control internos, ahora se sabe, son derechamente partícipes de la conducta, entregando en definitiva millonarios recursos a entidades sin experiencia, algunas recién creadas, sin las capacidades técnicas y de personal necesarias», consigna su querella. En ese contexto, los diputados piden una serie de diligencias a fiscalía.

Entre ellas, la toma de declaración del ministro Jackson, el asesor Miguel Crispi y la directora Martínez, y que «se disponga que el Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) concurra a las dependencias de la Dipres y del Palacio de La Moneda, y a los domicilios de los querellados, a fin de proceder a incautar los computadores y teléfonos institucionales y de uso personal».