Ministro de Justicia por Democracia Viva: «Buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantías»

En las últimas horas, diversas reparticiones públicas han sido víctimas de robo en sus dependencias, siendo los computadores los objetos sustraídos de estas.

Las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial en La Cisterna y San Ramón, junto a Mejor Niñez, son parte de las instituciones afectadas tras el robo en ministerios.

Sobre esto se refirió el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien en conversación con ADN Hoy aseguró que estas situaciones «son hechos bien distintos unos de otros».

El secretario de Estado explicó que «tenemos una gran cantidad de establecimientos públicos que tienen niveles distintos de seguridad. En gran parte de ellos hay resguardo institucional, como la Corte Suprema o el Ministerio de Justicia. Otros tienen seguridad privada, pero hay una cantidad importante de oficinas públicas que no tienen seguridad«.

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Por ello, el ministro afirmó que «esta seguidilla de robos que tenemos, por ahora, son delitos comunes».

Asimismo, detalló que «el foco investigativo que ha ordenado la Fiscalía Centro Norte es porque existen patrones comunes, como el ingreso no autorizado a determinado horario, y lo otro es la llamada, que responden a cosas distintas».

En esa línea, Cordero enfatizó en que «es muy poco probable» que los computadores hayan sido robados para borrar información. «Yo no tengo ningún antecedente para decir que los robos se han realizado para borrar evidencia, sobre todo por la forma y modo en que el Estado resguarda la información«, sostuvo.

Ley antiterrorista

Por otro lado, el titular de Justicia se refirió a la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley Antiterrorista, adelantando que «la iniciativa entrará al parlamento con bastante urgencia«, siendo la semana del 7 de agosto la fecha en la que ingresaría al Congreso.

«Sabemos las debilidades que tiene la legislación antiterrorista hoy, porque requiere la acreditación del ánimo terrorista, que es un elemento muy subjetivo, y que ha llevado en el pasado al Ministerio Público no poder acreditar ese elemento subjetivo y no lograr condenas», señaló.

Además, dijo que «se ha trabajado en reglamentar la regulación contra el terrorismo como una estructura destinada a la asociación, y también tratar de castigar a quienes participan de esa asociación, aun cuando no cometan los delitos».

«Lo que hace la legislación chilena es actualizarse a los estándares internacionales más importantes», prosiguió.

En ello, el ministro declaró que «el Congreso aprobó hace pocos meses la ley contra el crimen organizado, lo cual permitirá que todas las técnicas investigativas que están en esa ley puedan ser usadas en la ley antiterrorista. Esto permitiría abordar la organización terrorista como a aquellos que ejecutan actos de terrorismo de forma individual, eliminando los aspectos subjetivos«.

Propuesta para que 11 de septiembre sea feriado

El diputado de la UDI, Álvaro Carter, propuso declarar feriado el próximo 11 de septiembre, en conmemoración a los 50 años que se cumplen del golpe de Estado.

Al respecto, Luis Cordero manifestó que «estas discusiones nos vuelven a décadas anteriores«.

«El 11 de septiembre era feriado, y el Congreso en democracia decidió eliminar ese feriado para entender que ese día, que es un día que todos lo adoptamos y asumimos de distinta forma, no es un día ni de descanso ni de celebración«, añadió.

«Me parece que iniciativas como estas suprimen ese debate«, aseguró.

Devolución Democracia Viva

Finalmente, el ministro de Justicia abordó el recurso de Democracia Viva respecto a la devolución de montos, apuntando a que «buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantías, y esto tiene una serie de efectos«.

«En el caso de programas de asentamientos precarios, las transferencias originalmente se hacían a los municipios, y cuando se hacen transferencias entre organismos públicos, en general no se requieren boletas de garantías», graficó.

«Cuando se pasó al modelo de instituciones sin fines de lucro, se mantuvo la inercia y no se exigieron boletas de garantías, y creo que eso fue un error«, aseveró Cordero.

En ello, el secretario de Estado expresó que «el hecho de que estos convenios de transferencia no tengan boletas de garantías es un mecanismo que venía desde hace algún tiempo y que dificulta situaciones como estas«.

Para cerrar, la autoridad no descartó acciones en esta materia por parte del Gobierno. «No puedo anticipar estrategias legales del Ejecutivo por razones obvias«, concluyó.