«Agenda Anticorrupción» propuesta por RN-Evópoli busca que condenados por corrupción no ejerzan cargos públicos

Este miércoles, la bancada de Renovación Nacional-Evópoli anunció que impulsarán una «agenda anticorrupción«, la cual busca que los funcionarios que trabajen en órganos del Estado y que hayan sido condenados no puedan ejercer cargos públicos.

Según la jefa de bancada de RN, Pilar Cuevas, «hemos decidido presentar una agenda anticorrupción dados los acontecimientos que está viviendo el país y en este proceso constitucional tenemos la oportunidad histórica de sentar ciertas bases hayan hechos como estos y puedan quedar regulados como corresponden en el marco de la Constitución».

Asimismo, la encargada de desarrollar estas iniciativas, la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN) explicó que la idea es que «cualquier persona que trabaje en un órgano del Estado, ya sea un diputado, un ministro de Estado, un seremi, un director de un servicio, un alcalde, un concejal que haya sido condenado por algún hecho que revista el carácter de delito de corrupción, nunca más ejerza un cargo público en nuestro país«.

«Las medidas han sido bastante bajas, con una institucionalidad bastante débil, hoy lo único que existe es la inhabilitación solo por cinco años. Por eso, hemos visto que personas que han sido condenadas, que han vuelto a ser alcaldes, han vuelto a ser consejeros regionales y eso no puede volver a existir», agregó.

Por su parte, la consejera Gloria Hutt (Evópoli) se refirió a la iniciativa popular «Por un Estado sin pitutos» y señaló «me resultaría muy difícil explicar que alguien no esté de acuerdo con una agenda anticorrupción, mi impresión es que este objetivo lo compartimos todos«.

«No basta con esta norma»

Por otro lado, el consejero Fernando Viveros (PC) indicó «vemos con mucha atención el artículo sobre probidad y transparencia y a declarar la corrupción como contraria al bien común y al país. Pero creemos que no basta con aplicar esta norma al sector público, creemos que hoy hay que aplicarla con mucha más fuerza también a instituciones privadas que administran recursos públicos, pero también al sector privado«.

«Hoy los delitos de cuello y corbata son una realidad en el país y para ello el espíritu contra la corrupción debe ser transversal», añadió Viveros.

En esa línea, el consejero Yerko Ljubetic (CS), aseguró que «si hay entidades privadas que razonablemente ejecuten recursos públicos, cumplan funciones públicas delegadas desde el Estado (…) es razonable pensar que la Constitución dispusiera respecto de esas entidades, elementos como la transparencia y la rendición de cuentas fuera un estándar tan obligatorio como si se tratara de organismos públicos».

Oposición

Finalmente, desde la oposición, el consejero Carlos Recondo (UDI) no descartó que podrían modificar nuevos puntos de este tema, afirmando que «los contextos siempre son importante y obviamente que hoy es un tema que está demasiado presente y en una de esas podríamos ver algún ángulo de como reforzar la mayor transparencia».