Ministra Tohá y respuesta de la Corte Suprema al Presidente Boric: «El indulto no es un juicio ni una sentencia»

Desde el Congreso Nacional, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió este martes a la declaración de la Corte Suprema, respecto de los dichos del Presidente Gabriel Boric acerca del indulto al exfrentista Jorge Mateluna, acusando «irregularidades» en su proceso.

Durante esta jornada, el máximo tribunal sostuvo que «la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley«.

La Corte añadió en su pronunciamiento que «ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos«.

«El indulto no es un juicio ni una sentencia»

La ministra Tohá afirmó, sobre la respuesta a Gabriel Boric, que «todo el contenido de la declaración de la Corte Suprema, el Ejecutivo la comparte. Y no nos parece que en lo más mínimo afecte al rol que le toca al Presidente en el ejercicio de sus funciones«.

En esa línea, subrayó que el Presidente Boric «tiene un compromiso absoluto con la independencia del Poder Judicial y nunca ha puesto en discusión el ejercicio que este hace de sus atribuciones ni la validez del proceso que dio lugar a las condenas de todas las personas que fueron indultadas».

Además, la jefa de gabinete recalcó que las palabras de la Corte Suprema «son recibidas como una opinión con la cual no tenemos una disidencia alguna«.

Con el fin de aclarar los dichos del Mandatario, la ministra Tohá explicó que «nunca ha estado en su opinión el que detrás de estos juicios haya irregularidades del Poder Judicial, sino a cosas que se dijeron en el transcurso del debate de estos casos, opiniones de personas reconocidas, no un juicio suyo a la labor judicial».

«El indulto no es un juicio y no es una sentencia. El indulto tampoco es una política de seguridad, es una atribución presidencial excepcional para que el Presidente pueda hacer que una persona condenada, sin dejar de estarlo, deje de cumplir una pena privativa de libertad», argumentó la titular de Interior.