Republicanos estudian acusación constitucional contra Giorgio Jackson por denuncias de exseremi y fallidas licitaciones

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, está en la mira de la oposición: la bancada de diputadas y diputados del Partido Republicano analiza la posibilidad de acusarlo constitucionalmente. Ello implicaría su posible destitución de la cartera, e incluso la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.

Son dos situaciones las que los congresistas están estudiando: la primera, una frustrada licitación llevada a cabo por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, llamada «Mejor Niñez», dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La misión de Mejor Niñez es restituir derechos y reparar del daño a niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados. La licitación fallida habría afectado a 25.875 niños, niñas y adolescentes en programas ambulatorios y de diagnósticos, según información de Ex-Ante.

El segundo argumento fueron las denuncias hechas por la exsecretaria regional ministerial (Seremi) de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien apuntó a la delegada Constanza Martínez y a la subsecretaria de Desarrollo Socia, Francisca Perales, como responsables de presionarla para aprobar proyectos en la región con los cuales ella no habría estado a favor de aprobar.

El diputado republicano José Carlos Meza explicó: «El ministro Jackson, de manera informal, habría intentado explicar la situación, lo que nos es suficiente, porque nos revela que no tiene conocimiento de lo que pasa en su cartera, no tiene ningún grado de responsabilidad sobre lo que pasa en su ministerio y por lo tanto, no tiene las competencias, a nuestro haber, para seguir ejercicendo el cargo».

«Lo que denuncia la exseremi es totalmente inaceptable: el que un ministro o cualquier otra autoridad de gobierno busque, de una u otra manera, torcer la voluntad de la decisión técnica que una autoridad toma para imponer sus decisiones políticas», agregó.

Por su parte, el diputado Cristian Araya apuntó a Gabriel Boric: «El amiguismo del Presidente está pasando la cuenta. El ministro Jackson ha tenido una actitud negligente (…) No se trata solo que se le haya dado un premio de consuelo o que haya hecho mal la pega; se trata de irregularidades».

Oficialismo y oposición

El jefe de bancada de los diputados y diputadas socialistas, Marcos Ilabaca, llamó a «no armar una tormenta donde no la hay»: «(La acusación) va a dar una tremenda oportunidad al ministro Jackson para explicar cada una de las medidas que, correctamente, está desarrollando desde su ministerio».

Pese a lo anterior, llamó a recabar antecedentes, así como también lo hizo la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara baja, Marlene Pérez (UDI) y la exfalangista, Joanna Pérez.

La gremialista calificó la acusación como «algo apresurada» y agregó: «No nos va a temblar la mano para unirnos a una acusación constitucional si los antecedentes lo ameritan, pero esta es la herramienta más potente en materia de fiscalización, que puede implicar la destitución de un ministro e inhabilitarlo por cinco años en el ejercicio de cargos públicos”.

“No podemos actuar de manera tan irresponsable, como sí lo hizo Jackson cuando fue el autor intelectual de nueve acusaciones constitucionales en la administración pasada. Tenemos la posibilidad de ir por una interpelación o una comisión investigadora antes de aquello, a menos que los antecedentes no dejen duda alguna para presentar una acusación. Pero esto debe ser en forma responsable y prudente”, agregó.

Por su parte, la ex DC aseguró que se juntó con la exseremi denunciante y que esta «no es primera vez que junto al ministro Jackson se conocen situaciones complejas. Nosotros hemos denunciado situaciones que han afectado al ministro».

Con todo, llamó a «primero hay que analizar, conversar junto a otras bancadas. Sin embargo, tenemos otros mecanismos de fiscalización para ver qué está pasando. El Gobierno lleva meses y son varios años que hay en juego, desde la gobernabilidad. Creo que el ministerio de Desarrollo Social no está funcionando de manera correcta y es lo que tenemos que analizar».