José Francisco García y debate constitucional: «Los bordes como acuerdos, está bien; pero como vetos, no es una buena estrategia»

Este viernes los partidos políticos con representación en el Congreso se reunirán para definir, a poco menos de un mes del plebiscito de salida, de qué forma seguirán con el proceso para reemplazar la Constitución vigente por una nueva. La forma en la que se escribirá esa propuesta será parte del debate, así como también los límites que tendrá.

El acuerdo por la paz del 15 de noviembre pasado, que permitió el pasado proceso constituyente, sirvió para establecer cimientos. El abogado, doctor en Derecho y académico constitucionalista de la Universidad Católica, José Francisco García, participó de la «ampliación» del acuerdo para hacerlo reforma constitucional. Desde esa experiencia (y la participación activa en el debate público) conversó con ADN Hoy sobre el porvenir.

Hasta ahora, la oposición ha optado por un comité de expertos que «permitan delinear los principios que deben ser reformulados en el artículo 142, que habilita la continuidad del proceso constituyente, como en el artículo 135, que ve estos bordes», según dijo durante el miércoles la presidenta de Evópoli, Luz Poblete. 

Para García, los bordes ya fueron definidos antes: «La pregunta es si seguimos modelos como el sudafricano, que puso una serie de principios orientadores a la asamblea constituyente, o en los Pactos de la Moncloa, que orientaron la redacación de la Constitución del 78′. Todas estas ideas, que son pocas, pero que son estructurales, grandes líneas, cosas básicas como: ‘Creemos que el Estado debe tener un deber preferente en promover la educación pública, nada de ello obsta el menoscabo de la educación privada’. Es una frase muy general, pero captura dos ideas potentes: el Estado debe tener políticas muy centrales para fortalecer la eduación pública, porque es un objetivo muy potente, pero al hacerlo tiene que permitir, con la flexibilidad de potenciar la educación pública, no puede ser un menoscabo a la educación privada. Ambos principios reflejan el pacto que nos legó la presidenta Bachelet en materia educacional y que hemos estado teniendo en los últimos 15 años. Si logramos 10 o 15 de esos grandes principios generales, simplemente para dar ciertas orientaciones al próximo órgano constituyente, creo que es valioso porque se muestra que hay ciertos acuerdos».

Así, según dijo el académico, «sería una buena idea decir que el nuevo órgano constituyente trabaje sobre el texto de la presidenta Bachelet, sobre el de la Convención y sobre el de la Constitución vigente, en el sentido que nadie se va a escapar de esos marcos y cobijan las ideas de todos. En vez de repensar todo de nuevo, sería mejor decirles que tienen tres grandes textos sobre los cuales trabajar. Donde estoy de acuerdo, creo que se podrían poner ciertos principiso en positivo: el Estado social y democrático de derecho, un desarrollo inclusivo, que son grandes titulares orientadores para el órgano constituyente. Lo que sería una mala idea es empezar a interpretar estos acuerdos en positivo como vetos en negativo: ‘Oiga, tenemos que mantener este largo listado de cosas para que el órgano constituyente no pueda pronunciarse respecto de todas estas cuestiones’, que son muy debatibles y en las que además va a ser muy difícil ponerse de acuerdo».

«Bordes como acuerdos, está bien; pero bordes, como vetos, no es una buena estrategia (…) Bordes en positivo, me parece súper interesante, pero la idea de ponerse a ampliar lo que en la comisión de expertos redactamos, que eran los límites materiales, que eran pocos, uno podría redactar algunos más, pero tratar de llegar a la mesa con 20 temas intocables, no creo que sea un buen punto de partida», matizó.

Pero este nuevo acuerdo, a diferencia del 15 de noviembre de 2019, «no será puramente procedimental, sino que también sea un acuerdo sustantivos, con ciertas ideas, de lo que puede ser la Constitución»: «Lo que realmente estamos discutiendo es tratar, como en los mejores y más exitosos procesos constituyentes, de que esto no sea puramente un acuerdo procedimental, que salga lo que sea y que el órgano constituyente nos proponga algo; sino que de verdad ya haya una cierta experiencia respecto que diga: ‘mire, en la Constitución actual hay cosas buenas; en la propuesta constituyente de Bachelet hay cosas buenas; en la propuestas de la Convención hubo cosas buenas’. ¿Cuáles son esos pilares estructurales? El Estado social y democrático de derecho, una democracia paritaria, derechos sociales más sólidos y que le hagan sentido a los chilenos. La conversación es sobre seis o siete grandes acuerdos».

¿Cómo se definen esos temas? «Hoy es el momento de la política, en que se ponen algunas definiciones madres, que está centrado en el Congreso nacional, así tiene que ser; tiene que reformar la actual Constitución para habilitar un nuevo proceso y allí se generan unos pocos acuerdos sustantivos acerca de lo que viene. Pero luego vienen otros momentos: la intensa participación ciudadana, las iniciativas populares ciudadanas, se elegirá un órgano constituyente, será paritario, tendrá inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas. Los órganos constituyentes tienen que ser un gran crisol de la sociedad. Tenemos que estar todos. Se puede discutir el sistema electoral, pero esa foto tiene que ser muy inclusiva, muy amplia. Hay muchas etapas, muchos actores».

Así, la distinción debiera hacerse sobre derechos fundamentales versus políticas públicas «que tienen cierto perfil de grupos específicos»: «En la Constitución actual una distorsión: bajo la actual Constitución se ha generado la idea de que solo los derechos fundamentales justiciables son derechos fundamentales y son importantes, y como los derechos sociales en términos generales no son justiciables, se ha dado esta idea de que son de segunda categoría».

«La idea de que algunos derechos, principalmente civiles y políticos, tengan esta garantía del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, genera que el resto de los derechos, como los sociales, educación, salud, no sean justiciables, genera la sensación de que sean de segundo plano. Pero cuando uno mira las mejores Constituciones, en el mundo hay muchas maneras de hacer exigibles los derechos fundamentales, incluso los justiciables, que no requieren justiciabilidad. La justiciabilidad es una consecuencia posterior de cuando una ley implementa mal una determinada políticas pública, porque las pensiones no logran cierto estándar, porque los estándares de construcción de vivienda son mucho más débiles de lo que es la orientación de una vivienda digna y adecuada. Pero esta idea de llegar hasta un juez para reclamar una prestación, en el mundo no existe. Aquí hay muchas maneras de hacer exigibles los distintos derechos y esa es parte de la discusión más ‘tecnológica’ que debemos tener», planteó.

En resumen, las bases, a juicio de García, sería: primero, «desdramatizaría la primera parte de la negociación, donde todos tienen posturas muy duras», segundo, «todos los sectores políticos han sido grandes perdedores en los últimos cuatro o cinco años. El electorado ha sido muy volátil y ha dado señales en todos los sentidos, a veces se ha puesto muy conservador y a veces muy progresistas. Eso debiera llamar a las fuerzas políticas a la magnanimidad, que significa que todos han ganado con tremendos triunfos y han perdido con grandes derrotas. Sería una mirada de muy corto plazo quedarse con el último resultado, porque aquí el electorado se ha movido en todas las direcciones posibles (…) Tengamos acuerdos en distintas materias, porque sabemos de estos cambios de mayoría y minoría y queremos que se respete el derecho a participar de todos, pero sobre todo se respete el derecho de aquellos grupos más desaventajados de la sociedad. El sueño es que seamos una sociedad justa y decente. Las Constituciones no construyen artificialmente una sociedad justa y decente, pero sí entregan las grandes orientaciones para que la política democrática lo haga. Ese tiene que ser el ideal, y debe ser inclusivo, respetuoso. La magnanimidad se debe materializar porque no sabremos qué pasará en las próximas elecciones».