Abogado Sebastián Salazar explica dudas sobre propuesta de nueva Constitución

El pasado lunes 4 de julio la Convención Constitucional entregó la propuesta oficial de nueva Constitución, dando paso al periodo de propaganda de cara al plebiscito de Apruebo o Rechazo del 4 de septiembre. 

Con el fin de informar y responder las dudas de la ciudadanía respecto al texto presentado, Ciudadano ADN conversó con el abogado constitucionalista y académico de la Universidad de O’Higgins, Sebastián Salazar.

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El agua en la propuesta de Constitución

Una de las dudas más recurrentes sobre este texto hace referencia al agua y su uso, artículo que «se tiene que entender dentro de esta discusión de un bien común escaso en un contexto de crisis climatológica, con una sequía profunda en el país», dijo el experto, hecho que llevó a la Convención a consagrar “el derecho al agua” como tal. 

De ese modo, el abogado señaló que la propuesta de nueva Constitución «propone un cambio de eje, que prioriza los usos del agua y si antes era el mercado, ahora es el Estado quien tiene un mayor rol en la asignación del uso del agua”. 

“El cambio es que de ahora en adelante -de aprobarse el texto- el rol público lo va asumir principalmente la Agencia Nacional del Agua, que es una autonomía constitucional que se crea específicamente para (llevar adelante) políticas públicas y la asignación del agua”, añadió. 

En cuanto al uso de los derechos sobre este recurso, Sebastián Salazar señaló: “Las normas transitoria regulan la transición adecuada, no es que de un día para el otro las personas que tienen derechos de agua los pierdan, van a mantener esos derechos, pero tienen que regularizarlos”. 

¿Cómo quedó la educación en el texto?

Otro de los puntos del texto presentado que más interrogantes genera según los autores de ADN es la educación y cómo esta quedó plasmada en la propuesta de Carta Magna. 

Al respecto, el abogado constitucionalista explicó que en “el artículo 35 de la propuesta se habla que toda persona tiene derecho a la educación y se establece un sistema Nacional de Educación, que está conformado por todos los organismo creados o reconocidos por el Estado, tanto públicos como privados». 

Pero ojo, ya que Salzar advirtió que «hay que hacer una precisión, ya que esto si bien innova del punto de vista del sistema estatal, la gran mayoría de estas modificaciones a los establecimiento educacionales ya se hicieron durante la reforma educacional de la expresidenta Bachelet”. 

En cuanto a la figura de la libertad de enseñanza, el académico expuso: “Por antonomasia la libertad de enseñanza se da entender de tres formas en Chile: el derecho de los padres a elegir un establecimiento educacional, la libertad para que existan distintas entidades educativas, lo más plural posible, y el derecho a abrir, organizar y mantener un establecimiento educacional”. 

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¿Podrán los ex condenados por delitos graves asumir cargos públicos?

Asimismo, Sebastián Salazar se refirió a los dichos que apuntan a que con la nueva Constitución los condenados por delitos graves, como el narcotráfico, podrían asumir cargos públicos, hecho que el abogado negó tajantemente. 

«El actual Código Penal establece una pena accesoria a la pena de cárcel: la inhabilidad perpetua o temporal de derechos politicos por la comisión de determinados delitos que deben ser juzgados con una sanción de cinco años y un día para arriba, es decir, delitos graves (robo, narcotráfico y terrorismo, entre otros)”, expuso.  

En esa línea, el académico detalló que lo que hace esta propuesta de Constitución es cimentar lo expuesto anteriormente pero también agrega a “aquellos delitos que no son sancionados con cinco años y un día y ahí entran los delitos sexuales, el maltrato y delitos vinculados a la corrupción”.

¿Cómo quedó plasmado el derecho a propiedad?

Por último, Salazar se refirió al concepto de propiedad dentro de esta propuesta de nueva Constitución y afirmó que «lo que se establece son dos derechos: de propiedad y a una vivienda digna”. 

De ese modo, el abogado ejemplificó: “Si yo tengo una casa o un departamento, ahí se me aplica el derecho a propiedad y eso significa que la única forma de privarme ese inmueble es que se me expropie bajo los parámetro establecidos por la ley”. 

“Otra cosa es que se establezca como política pública la posibilidad de que el Estado genere acceso a vivienda y lo que establece el texto es un derecho a la vivienda digna, con muchas características», cerró Sebastián Salazar.

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