Corte de Apelaciones rechazó recurso de protección de Marco Enríquez-Ominami contra el Servel

Este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección que presentó la defensa de Marco Enríquez-Ominami contra el Servicio Electoral (Servel), con el fin de recuperar sus derechos políticos y de este modo participar en las elecciones de noviembre no sólo como candidato presidencial, sino también poder optar a otros cargos.

Recordemos que esta situación se da en el marco de las investigaciones que lleva el Ministerio Público en contra del líder del Partido Progresista (PRO) por el caso SQM y el denominado caso OAS.

Cabe señalar que el Tribunal Constitucional (TC) ofició durante esta semana al Servel tras acoger de forma unánime una medida cautelar presentada por Marco Enríquez-Ominami, con el que el excandidato presidencial buscaba recuperar su derecho a sufragio.

Dicha acción buscaba impugnar la norma incluida en la Ley 18.556 sobre el Sistema de Inscripciones Electorales y el Servicio Electoral, respecto a que no podrán sufragar quienes hayan sido acusados por delitos sancionados con penas aflictivas, y de esta manera, recuperar sus derechos políticos y ciudadanos, que le fueron suspendidos en el marco de la acusación en su contra por el denominado caso SQM.

De este modo, el TC ofició al Servel para que mientras no se resuelva el fondo de un requerimiento presentado por el fundador del PRO, debe abstenerse de excluirlo del Registro Electoral de cara a los próximos comicios de noviembre.

Esto le permitiría al cineasta competir por cuarta vez por el sillón de La Moneda, para lo cual el PRO tiene plazo hasta el lunes 23 de agosto para inscribir su candidatura. Sin embargo, un nuevo problema estaría apareciendo en el horizonte de ME-O, ya que el Servel informó al TC que no puede incluir a Cristián Werner, exasesor de Enríquez-Ominami, en los registros de quienes están habilitados para sufragar en las próximas elecciones de noviembre.

Warner también había recurrido al TC para recuperar sus derechos electorales, los que había perdido tras ser formalizado en el caso OAS. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento del periodista y había declarado inconstitucional dicha norma.

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