Seis personas resultaron detenidas tras un operativo que desbarató un polígono de disparos clandestino en la comuna de Quilicura, al norte de la capital.
La Policía de Investigaciones fue quien lideró el operativo que dejó al descubierto que eran dos empresas legamente constituidas las que estaban detrás del polígono, ubicado en el kilómetro 5 de calle Lo Echevers. Como resultado de la acción, se sorprendió a 18 carabineros y tres policías civiles durante el allanamiento a nueve domicilios; además se incautaron 16 pistolas, cuatro rifles y tres escopetas, además de armas largas y cortas de aire comprimido. Todo, según una investigación de Teletrece.
Sobre los detenidos, el resultado fue de seis personas: cuatro de ellas en prisión preventiva, otra con arresto domiciliario y otra con orden de arraigo nacional. Hubo un séptimo, el que se entregó a la policía durante la jornada del lunes: se trata de un exfuncionario venezolano del Ejército bolivariano que llegó a ser policía militar. Este último entró al país por un paso no habilitado.
Hubo, además, entre los aprehendidos otro ciudadano de nacionalidad venezolana que era policía en su país.
Todos fueron formalizados por tráfico de armas, de municiones y asociación ilícita.
Líder
Juan Pablo Ruiz Dupre era quien encabezaba la organización. Él fue uno de los integrantes de la organización autodenominada «Los vengadores», por lo que fue condenado por usurpación de funciones al hacerse llamar policía.
Según las indagatorias, era él quien proporcionaba las armas (en primera instancia, debidamente inscritas), mientras que las municiones las arrendaba. Esto último podría configurar el delito de tráfico.
La fiscal Tania Sironvalle, a cargo del caso, dijo de los 18 carabineros y 3 PDI detenidos al momento del allanamiento:
«Hay una serie de infracciones administrativas que fueron informadas y que están en conocimiento de las unidades de asuntos internos de ambas policías, pero estas personas disparaban con sus armas particulares, debidamente inscritas, y sus propias municiones. Estamos profundizando dos casos, que tenemos que seguir investigando, de dos funcionarios que le habrían comprado municiones ese día a Juan Pablo Ruiz Dupre. Si logramos acreditarlo, esas personas serán formalizadas por el delito de tráfico ilícito de municiones».
Ambas instituciones abrieron sumarios por sus funcionarios involucrados.
Del club de tiro se sabe que arrendaban pistolas por $25 mil a civiles y $20 mil más en caso de escopetas o fusiles. A los «alumnos» de la escuela de tiro se les pedían antecedentes penales, pero el jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (s) de la PDI, prefecto Guillermo Gálvez, planteó que «se decía que se exigía. No se chequeaba realmente que las personas que participaban tenían o no antecedentes. No se puede descartar».
Con todo, las condenas que arriesgan los imputados es de cinco años. Uno de los dueños del polígono aseguró en sus redes sociales que incluso había un escolta presidencial que llegaba a entrenar, pero podría ser solo un gancho comercial.