Detienen a persona acusada de importar desde Israel kits que le permitían modificar armas

Producto de una investigación realizada por detectives de la Brigada Contra el Crimen Organizado (Brico) de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, se detuvo a una persona que es acusada de importar desde Israel kits que le permitían modificar armas de la marca Glock.

«El sujeto, que es mayor de edad, fue detenido por el delito de tráfico de armas. Compra en el extranjero, a través de internet, un elemento prohibido de adaptación de armas y trata de ingresarlos a nuestro país sabiendo que eran ilegales, lo que es detectado por la aduana», indicó el jefe de la Brico, Juan Pablo Pardo.

Los elementos permitían transformar pistolas de puño a fusiles. Dicho kit, al no tener registro en nuestro país, pueden pasar fácilmente al mercado negro, explicó Pardo.

Además, se le incautaron un alto número de armas inscritas y a fogueo, las que serán sometidas a peritaje para evaluar su posible modificación.

El jefe de la Brico informó que el sujeto cuenta con permiso de tiro deportivo, «por lo que tiene la posibilidad de mantener ciertas armas en su domicilio».

Fue en julio de 2022 cuando funcionarios del subdepartamento postal de la Aduana Metropolitana «detectaron que venía una encomienda de Israel con destino a Santiago, y luego de ser revisada en conjunto con armeros de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), confirmaron que se trataba de un accesorio que está prohibido«, explicó María José Rodríguez, directora regional (s) en la Aduana Metropolitana

Nicolás Rodríguez, fiscal (s) de la Fiscalía Local de Pudahuel, indicó que el acusado pasó a control de detención el 21 de febrero pasado y fue formalizado por «tráfico ilícito de armas de fuego o sus piezas, tenencia ilegal de municiones y tenencia de artefactos prohibidos».

Según mencionó Rodríguez, el tribunal discrepó con el Ministerio Público y lo dejó en libertad con las cautelares de arresto domiciliario nocturno y la prohibición de salir del país.

La investigación, en contra del acusado, se encuentra vigente con un plazo de 120 días.