Acorde a lo señalado por Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,el Estado chileno está en deuda en materia de justicia y derechos humanos con respecto al estallido social.
Ellos destacaron la necesidad imperante de avanzar en el enjuiciamiento y sanción de los agentes del Estado involucrados en los delitos perpetrados durante las protestas. Señalaron que miles de víctimas aún aguardan por justicia, verdad y reparación.
Aproximadamente 400 personas sufrieron lesiones oculares y 31 perdieron la vida
La comunicación inicial de los expertos a las autoridades chilenas, enviada en 2019, expresó preocupación por graves alegaciones de uso excesivo de la fuerza. Entre las que se incluyen: uso deperdigones, actos de tortura, violencia sexual y detenciones masivas.
«Es fundamental avanzar con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables de los delitos cometidos durante las protestas de 2019-2020. Miles de víctimas siguen esperando justicia, verdad y reparación», sostuvieron Clément Nyaletsossi Voule y Morris Tidball-Binz.
Durante las protestas de 2019-2020, cientos de manifestantes resultaron heridos. Y cerca de 400 sufrieron lesiones oculares y pérdida de visión debido al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios. Al menos 31 personas perdieron la vida durante las manifestaciones, y a pesar de más de 10,000 denuncias presentadas por las víctimas, pocas resultaron en condenas. Además de que ningún alto mando ha enfrentado procesamiento.
Afirman que no se trata de incidentes aislados y que hubo responsabilidad de mando
Los relatores especiales de la ONU enfatizaron que procesar a los responsables es crucial para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. Además, subrayaron la importancia de asegurar la rendición de cuentas de mando de las fuerzas de seguridad de acuerdo con sus funciones y responsabilidades específicas en los presuntos crímenes.
«La magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, así como la repetición de estas violaciones, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando«, afirmaron los expertos de las Naciones Unidas. E igualmente enfatizaron en que es responsabilidad del Estado garantizar la rendición de cuentas por órdenes ilegales. Más aún cuando los comandantes no previnieron y reprimieron el uso ilegítimo de la fuerza.
«Estas medidas son importantes para poner fin al ciclo de impunidad, prevenir la repetición de delitos y promover la justicia. Se debe proporcionar una reparación adecuada a todas las personas que sufrieron daños en el contexto de las protestas», concluyeron los relatores especiales de la ONU, Clément Nyaletsossi Voule y Morris Tidball-Binz.