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Los millonarios contratos para tramitar permisos de circulación que complican al alcalde de Algarrobo

La investigación del Ministerio Público, iniciada en agosto de 2022, ha significado la detención de una funcionaria municipal y una orden del mismo tipo contra José Luis Yáñez.

Los millonarios contratos para tramitar permisos de circulación que complican al alcalde de Algarrobo

En junio de 2022, la administración del alcalde José Luis Yáñez (UDI) de Algarrobo, Chile, inició un convenio con la automotora ICAR para tramitar permisos de circulación de autos 0 km. Este acuerdo generó ingresos significativos, ascendiendo a $6 mil millones en un año, divididos entre Algarrobo y el Fondo Común de Municipalidades.

Sin embargo, la Contraloría estableció que tales convenios no deben incurrir en costos para los municipios, lo que contrasta con el pago de más de $700 millones por parte de Algarrobo a la empresa Don Gaspar para un software de procesamiento de permisos. Este acuerdo se encuentra en el centro de una investigación por malversación y cohecho, que ha resultado en la detención de una funcionaria municipal y una orden de detención contra el alcalde Yáñez, publica el medio de investigación Ciper, en un nuevo reportaje.

La investigación del Ministerio Público, puesta en marcha en agosto de 2022, se centra en acusaciones de malversación de fondos públicos y contratos dudosos. La indagatoria se intensificó con la denuncia de transferencias millonarias a personas no vinculadas con servicios municipales, incluyendo familiares del alcalde. Estas transacciones, autorizadas por la funcionaria de Tesorería Municipal, Belén Carrasco (ahora en prisión preventiva), ascienden a $1.060 millones. La Contraloría y el Ministerio Público también investigan los contratos con Don Gaspar, que proporcionó un software esencial para el convenio con ICAR.

El acuerdo con ICAR, ideado para la tramitación digital de permisos de circulación, es una práctica común en varias municipalidades. Sin embargo, la relación entre Don Gaspar y ICAR, y su papel en la negociación y administración de estos convenios, ha generado sospechas. Denise Sánchez, dueña de Don Gaspar, admite haber facilitado reuniones entre Algarrobo e ICAR, pero su servicio de corretaje no fue mencionado inicialmente en el trato con la Municipalidad. Este detalle, junto con la rápida aprobación del convenio y el trato directo con Don Gaspar, ha suscitado críticas por falta de transparencia y posible conflicto de interés.

El caso se complica con la implicación de la familia del alcalde y otros empleados municipales en transferencias sospechosas y contratos cruzados. Según Ciper, estos hechos apuntan a un patrón de corrupción y falta de controles internos en la administración municipal. La detención de Carrasco y la orden de detención contra Yáñez subrayan la gravedad del caso.

Las acusaciones contra la administración de Yáñez reflejan problemas más profundos en la gestión municipal. La falta de conciliaciones bancarias desde 2020 y la ausencia de un Tesorero Municipal oficial son señales de un desorden financiero que ha facilitado las malversaciones. Las investigaciones actuales podrían ser solo la punta del iceberg en un escándalo de corrupción que afecta no solo a Algarrobo, sino que también plantea preguntas sobre la supervisión y regulación de convenios municipales en todo Chile.

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