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Jorge Bermúdez, el contralor general de la República, llegó este jueves hasta la comisión especial investigadora sobre Asentamientos Precarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, que indaga los programas impulsados por el ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El espacio fue una instancia para presentar mecanismos que fueron objeto de irregularidad en distintas regiones del país.
El trabajo de Contraloría reveló falencias en las secretarías regionales ministeriales (Seremi) de la cartera entre enero de 2021 y junio de 2023: las rendiciones eran transversales, en la mayoría de los tratos no se exigían boletas de garantía o vale vista de respaldo; tampoco había procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés. Tampoco se pedían planes de trabajo, además de que las entidades no tenían mecanismos establecidos para seleccionar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) encargadas de proyectos.
El mismo trabajo fiscalizador dio luces de posibles delitos, por lo que la información fue remitida al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.
En el desglose por región, se vio que en la seremi de Arica no hubo mecanismos de control para le entrega y correcto uso y destino de fondos, como tampoco existen mecanismos de selección para quienes ejecuten los proyectos. Fundación Caritas San Marcos De Arica, al Cuerpo De Bomberos O’Higgins de Arica y a Enlace Urbano fueron organizaciones que recibieron fondos por asignaciones directas con irregularidades en las fechas en las fichas de habitabilidad primaria.
En Tarapacá hubo 23 convenios bajo análisis, siete suscritos por la Fundación EnRed Social y 16 con Enlace Urbano, por más de $2.000 millones, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022. Hubo posibles faltas a la prioridad también: hasta septiembre pasado, entre ambas ONGs había rendiciones pendientes por más de $500 millones, junto con falta a la concordancia entre giros vigentes y las actividades convenidas.
El analista contable de la sección de Administración y Finanzas de la seremi de Vivienda de Tarapacá hizo de contraparte. Por ello, se instruyó un sumario.
En Antofagasta, las instituciones con cuestionados tratos directos fueron Campamento de Ideas, Fundación para la Superación de la Pobreza, Urbanismo Social, ProCultura, TomArte y Movimiento Fibra. Solo por nombrar una de las situaciones, hubo 12 personas contratadas por las fundaciones que prestaban servicios irregulares a reparticiones gubernamentales.
En Atacama los convenios por trato directo fueron con Enlace Urbano, Comprometidos, EnRed y ProCultura, «sin que los actos administrativos se encuentren fundados y acrediten documentadamente los motivos que lo justificaron”. Hubo, además, un exfuncionario de la Seremi de Vivienda local que renunció un día antes de que la fundación EnRed participara en el proceso.
En Coquimbo, las fundaciones analizadas fueron EnRed, Aldea, Enlace Urbano, Techo, Posible Otro Chile, Arquiduc, Techo para Chile y Vivienda, . Mientras que en Valparaíso, fue ProCultura la fundación cuestionada, pues “no contaba con el giro concerniente a la construcción de proyectos encomendados por la entidad pública”.
En O’Higgins se revisaron los tratos con EnRed, Red Integral Comunitaria y Arquiduc. En esta región se puso especial énfasis en las relaciones entre miembros de las organizaciones y funcionarios de gobierno, pasando de la entidad de Gobierno a las organizaciones privadas.
En el Maule, fueron Sur Maule yUrbanismo Social la entidad en cuestión. En tanto, en Ñuble, EnRed fue cuestionada al carecer de giro «concerniente a la ejecución de proyectos de construcción públicos de urbanización”. Mientras que en el Biobío, las más graves irregularidades se detectaron con las fundaciones Enred, Espacio Lúdico, ProCultura y Urbanismo Social.
En La Araucanía, Urbanismo Social, Fundación Acción Digital, Fundación EnRed y Enlace Urbano fueron objetos de fiscalización. En Los Ríos, por otra parte, se mencionó a Enlace Urbano.
Finalmente, en Los Lagos y Magallanes, la Fundación Acción Digital,Urbanismo Social y Fundación Chay Austral fueron los cuestionados.
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