Exsuperintendente de Isapres por indicaciones del Ejecutivo a proyecto de Ley Corta: «Desde el inicio sostuve que no había voluntad del Gobierno para resolver esta crisis»

El pasado viernes, el Gobierno presentó ante el Congreso las indicaciones a la Ley Corta de Isapres, en respuesta al fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022.

Las modificaciones incorporadas adecúan los planes a la tabla única de factores, además de establecer la obligación de aportar el 7% de las remuneraciones imponibles, mientras que las Isapres deberán presentar un plan de pago en un plazo de dos meses, y estima en casi US$1.000 millones el monto a devolver a los afiliados.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el director del instituto de salud pública de la universidad Andrés Bello y exsuperintendente de Isapres, Héctor Sánchez, quien señaló que la diferencia en los montos a devolver «se explica por las metodologías de cálculo».

«Desde el inicio, cuando la Superintendencia salió con la cifra de $1.400 millones, lo hizo con una lectura prácticamente literal del fallo», agregó.

«De tal manera que no aplicó ningún criterio técnico que permitiera producir algunas compensaciones internas, como es la lógica que aplica posteriormente la Comisión Técnica nombrada por el Senado, la cual establece dos criterios técnicos fundamentales«, prosiguió.

En esa línea, Sánchez detalló que «el primero es que la cotización de salud obligatoria del 7% debían pagarla todos los afiliados, cosa que no sucede hoy día, porque hay un 30% de personas que no están pagando el 7%; y el segundo es que, como todo seguro, existe lo que se denomina la mutualización de los riesgos, es decir, de que se compensan aquellos que gastan más con los que gastan menos, y en este caso se mutualizan el riesgo aquellos que son favorecidos y con los que son perjudicados por la aplicación del fallo».

Rol del Gobierno

Por otro lado, el exsuperintendente de Isapres se refirió al rol del Ejecutivo en esta crisis, señalando que «lo que está sucediendo es que las indicaciones del Gobierno en la Ley Corta están orientadas a producir, por un lado, el fortalecimiento de Fonasa, y, por otro lado, provocar una destrucción de las Isapres y los prestadores privados«.

«Lo que se está generando es una estatización del sistema de salud, y esa situación provocará muchos problemas, principalmente por los afiliados, porque el sector público no dará abasto para atender a toda la gente», añadió.

En ello, el académico expresó también que «yo sostuve desde el inicio que no había voluntad del Gobierno para resolver el problema de las Isapres, porque le caía como anillo al dedo al proyecto político planteado durante las elecciones, porque en el fondo es estatizar por secretaría«.

Asimismo, destacó que el camino a seguir «es el que presentaba la Comisión Técnica y que nombró la Comisión de Salud del Senado, y que por unanimidad, con representantes del gobierno, ya llegaron a una propuesta muy articulada, muy armónica, técnicamente sostenible y también jurídicamente sostenible».

«Los 450 millones, en los 10 años que está planteando la indicación de los técnicos y también la del Gobierno, consumía aproximadamente el 85% de las utilidades de un año bueno del sistema de Isapres, con lo cual quedaba un 15% para que estas pudieran gastar en administración», afirmó, contrastando que «con mil millones es imposible».

Finalmente, Sánchez declaró que «vamos a seguir en la discusión, porque estas indicaciones, lo más probable, es que no se van a aprobar en el Parlamento. Por una razón muy simple, el Gobierno no tiene mayoría, y porque esto significa una crisis de magnitud».

«Aquí hay una corresponsabilidad. Isapres, Gobierno y Parlamento que no han sido capaces de resolver esta crisis desde el año 2010 a la fecha. Y lo que estamos viviendo son las consecuencias de esa irresponsabilidad», cerró.