Jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería reconoce que «la organización criminal con mayor presencia en las unidades penales es el Tren de Aragua»

El jueves se supo que 17 miembros del Tren de Aragua, la organización criminal internacional de origen venezolana con presencia en Chile, se infringieron lesiones a en el Recinto Penitenciario de Alta Segurodad (REPAS) en Santiago, a modo de protesta por el régimen de encierro y porque sus parientes no los pueden visitar por encontrarse en situación irregular.

El coronel Luis González, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería, admitió en ADN Hoy, este viernes, que «la organización criminal con mayor presencia en las unidades penales efectivamente es el Tren de Aragua. Existen otras de menor jerarquía, y también existe clasificación de bandas, pero estas que se encuentra al interior de los recintos penitenciarios no quiere decir que sigan operando».

Sobre los autolesionados, añadió: «Están en un régimen restrictivo, de máxima seguridad, que no es el común de los internos. Es un régimen diferenciado: el módulo de máxima seguridad es eso que es para internos que son una población penal especial vinculada a organizaciones criminales o que no se someten como la población común. (Lo de ayer en la cárcel de alta seguridad) Es un reflejo que la institución está haciendo las cosas bien, porque hay una presión sobre esos internos de un régimen distinto»

Las lesiones se infligieron con elementos que «tienen que tener»: máquinas de afeitar, pues «también resguardamos los derechos humanos». A ello se suma que fueron lesiones «de carácter superficial». 

Aparte, recordó que el último operativo contra estos delincuentes logró incautar teléfonos y otro material de interés, pues la organización «es monitoreado constantemente por el departamento de Investigación Criminal al que pertenezco. Es un monitoreo efectivo, constante, a través de un sistema de investigación criminal que ha logrado instaurar Gendarmería de Chile el último año».

Explicó el coronel González que el mismo Tren tiene una célula, la de Los Gallegos, que tiene en total a 40 personas privadas de libertad involucradas. Esta célula «es una subcontratación» y «no sigue operando».

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El problema mayor, precisó el uniformado, es el cambio en el delito: 

«Pasamos de una delincuencia que tenía ciertos códigos, ciertos subvalores dentro de la cultura carcelaria, donde se respetaban ciertos códigos donde el interno o la persona que delinquía estudiaba la acción que iba a cometer y medía ciertos riesgos y consecuencias que esta acción le traía. Por ejemplo, una persona que quería hacer un robo en un lugar no habitado, en una casa que estaba desocupada, esa persona estudiaba la casa y si el día que iba a cometer el delito había moradores, lo más probable era que esa persona no ingrese porque sabía que penalmente tenía un costo mayor. Eso fue mutando en el tiempo y el ingreso de la droga y la rentabilidad que produce generó que muchas personas y la juventud se involucren en este tipo de delito y hoy las personas que cometen esos delitos y que tenían ese tipo de códigos se transformaron en narcodelincuentes, con el uso de sustancias, la venta, el porte de armas y lo que el poder adquisitivo que el tráfico de drogas les otorga».

La rentabilidad del tráfico de drogas tienta a quienes caen en ello, es algo que «los induce a poder cruzar un poco la línea del respeto un poco más allá y a someterse al régimen disciplinario de las unidades penales», resumió González, pues «uno de sus principales objetivos donde tratan de asentarse es la corrupción del aparataje estatal porque eso les facilita su accionar al país donde ellos llegan». Y he ahí el peligro.

Disparos a funcionarios en Puente Alto

Dos gendarmes fueron baleados esta semana, en la vía pública, y a plena luz del día, en Puente Alto. «Hasta acá no hay evidencias investigativas que haga presumir que ha sido coordinado desde el interior de la cárcel, sino que más obedece a un tema particular que sucede en el exterior y que es parte de la vida personal de los funcionarios», dijo el coronel González.

Pero el caso dio a conocer que existen dos mil funcionarios amenazados, por los que se han iniciado procedimientos administrativos. Amenazas que «se generan fricciones con la población penal que no se quiere someter y en ese contexto, la mayoría de las amenazas se dan».

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La duda que surge es sobre la posible corrupción del personal  de Gendarmería, lo que fue puesto en contexto por el coronel: «Como Departamento de Investigación Criminal hemos logrado la detención y desvinculación de 18 funcionarios vinculados a distintos tipos de delitos alejados de la probidad administrativa, infracción a la Ley 20 mil y cohecho. Pero ese número, que es muy bajo, es sobre 20 mil funcionarios. Porcentualmente, bajo ningún punto de vista empaña la función del resto del personal que sí está haciendo un trabajo profesional y muy acabado. El trabajo penitenciario es muy duro».

Por lo pronto, se supo de la licitación de inhibidores de teléfonos celulares para el cuadrante Pedro Montt, que contempla a Santiago 1, Penitenciaria y REPAS.