Investigación contra Cathy Barriga: los detalles del allanamiento a la Municipalidad de Maipú

En el marco de la investigación en contra de Cathy Barriga, la Brigada Anticorrupción y de Cibercrimen de la PDI ingresó y registró la Municipalidad de Maipú con el objetivo de respaldar correos, recabar información e incautar celulares.

Dicho procedimiento inició durante esta jornada y se mantendrá por toda la noche, según confirmó la fiscal Constanza Encina de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

En ese sentido, la persecutora indicó que “en este minuto nos encontramos haciendo un respaldo e incautación de todos los correos electrónicos que hemos podido recuperar del servidor de la municipalidad, y que corresponden a 24 personas que trabajaban junto a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, de su círculo cercano y aquellos que nosotros creemos que pudieron tener participación en hechos constitutivos de delito”, de acuerdo con Emol.

Entrega de celulares

Asimismo, indicó que “no incautamos computadores debido al transcurso del tiempo desde que se inició la investigación; sin embargo, sí obtuvimos los respaldos directos del servidor que se van a estar descargando durante la noche, ya que es un procedimiento bastante largo”.

“Pero hasta el momento ha sido exitoso gracias a la colaboración que ha tenido la municipalidad, y vamos a dejar un funcionario de la Brigada Anticorrupción que va a estar de punto fijo resguardando y custodiando la información hasta que el respaldo esté completo”, añadió.

Además, dio cuenta de que “pudimos obtener la entrega de teléfonos celulares que eran de la ex alcaldesa y que utilizaba en el desarrollo de sus funciones, así como también de su círculo más directo”.

Reacción de alcalde Tomás Vodanovic

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, valoró el allanamiento: “Vemos con muy buen ojo un procedimiento que, la verdad, estábamos esperando hace bastante tiempo. Al municipio de Maipú se le hizo mucho daño”.

Ampliar

“Lo que nosotros acá queremos no son ni venganzas ni revanchas, pero sí que se pueda hacer justicia, que se repare el daño causado a la institución, pero, sobre todo, que se puedan dar señales ejemplares a la ciudadanía que este tipo de prácticas no pueden tener cabida en la gestión pública”, concluyó.