Jefe de Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía y policías detenidos con RML: «No lo miramos como un hecho aislado»

El operativo que permitió detener a integrantes de la organización criminal Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) levantó las alarmas en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional por dos implicados: un carabinero activo y otro en retiro. «En donde está involucrado el lucro es algo tan atrayente», resumió el jefe de la unidad, el fiscal Eugenio Campos, en ADN Hoy este viernes.  Luego siguió:

«En este tipo de cosas, lamentablemente, en algunas de las policías, en particular, estos carabineros que son objetos de la investigación, como también otros, dan cuenta de un foco de preocupación del Ministerio Público y de la propia institución: su general director pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado. También vemos una preocupación de la conducta funcionaria de cada uno de los carabineros y carabineras, que tampoco está alejado de los demás».

Y aunque «reviste el carácter de incipiente respecto del punto de vista de la judicialización, añadió el persecutor, «hay basto trabajo de parte del Ministerio Público para poder detectar a cada una de estas bandas organizadas».

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Un fantasma ronda este último caso: el llamado «Pacogate», que involucra malversación de fondos públicos y que, a la fecha, dijo el fiscal, tiene a más de 90 personas condenadas y 31 acusados de la cúpula organización «a la que vamos a probar y así tenemos mucha fe en cuanto a los antecedentes, respecto a la asociación ilícita de la malversación y lavados».

Luego del «Pacogate», la policía uniformada generó una dirección de contraloría interna más potenciada, además de otros canales de comunicación más directos con el Ministerio Público. «Habría que felicitar a todo lo que realizó el OS7 de Carabineros y su unidad de Lavado de Activos, que ha generado un conocimiento profuso respecto al delito funcionario y al lavado de activos. Entendemos que Carabineros va por buen camino. En definitiva, tenemos una dirección a cargo de un general sobre contraloría interna. Sin embargo, tenemos que seguir avanzando», destacó.

Loas más, loas menos, la aparición aumentada y sostenida de casos de corrupción en laspolicías, cree el fiscal, llama a que «no hay que ser inocentes: es un fenómeno que tenemos que tener latente, que ha aumentado. Si considero solo el nivel de causas, ha aumentado, lo que no significa que constituyan delito. Nosotros investigamos hechos que revisten carácter de delito, pero ahí tenemos un patrón común: hoy tenemos más denuncias que las que había hace 10 años y hay varios factores al respecto: las detectamos antes o viendo el vaso medio lleno, hay conductas que son más concurrentes que antes».

«El fiscal nacional nos encomendó una seguidilla de diligencias para unificar criterios. Después está lo de las municipalidades. Desde el punto de vista del funcionario, lo hemos señalado: el crimen organizado tiene como objetivo lucrar y para eso, no tiene barreras (…) Tiendo a pensar, derechamente, que tiende a haber un aumento, que es preocupación y por tanto, no lo miramos como un hecho aislado».

Una de las advertencias hechas en las diligencias investigativas ha sido la dificultad para proteger a testigos, dada la violencia de los mismos delitos pesquisados. De los desafíos que implica el caso mismo, precisó el jefe de la Unidad Anticorrupción, es «como Ministerio Público, no podemos quedarnos con técnicas investigativas ochenteras. El crimen organizado siempre va dos pasos más adelante y la idea es tratar de igualarlo o adelantarlo. Creo que el Ministerio Público y todos vamos para allá».

Así las cosas, Campos celebró la Ley contra el Crimen Organizado, aunque sugirió que «las herramientas legales tiene que enfocarse en dar protección a los testigos». En esa línea, precisó que «no podemos ser inocentes respecto a cómo va avanzando: los mecanismos se intensifican para poder no ser detectados. Lo hemos visto: potenciar la inteligencia de los delitos económicos, potenciar la unidad de análisis financiero, que es muy relevante».

Pero cree que en lo que a corrupción respecta, sería útil que determinados organismos públicos informen al Ministerio Público, o que se reporten operaciones sospechosas, como los bancos.

Caso Convenios

Son cerca de 50 las investigaciones abiertas por traspaso de dineros a fundaciones, en lo que entienden en el Ministerio Público como «Caso Convenios» o «Caso Fundaciones», y abordan de Arica a Magallanes. Y si bien comenzó todo con el Seremi de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, luego se amplió a Gobiernos Regionales hacia entidades sin fines de lucro.

Explicó el fiscal Campos: «El foco no está solo centrado en Minvu o GORE, lo que nos ha permitido articular toda la red institucional estatal respecto desde el punto de vista, no solo administrativo, sino penal: en Unidad de Análisis financiero, respecto a puntos relevantes, los mencionados antes, tanto de operaciones que puedan ser sospechosas para la institución bancaria, u operaciones en efectivo que estén obligadas a reportar. Son antecedentes que nos permite tener algún contacto o información (…) Es importante, porque no solo se queda en el delito funcionario. Pero lo importante es que hay una sola bala de plata y esa bala de plata, en definitiva, no la podemos gastar de inmediato. Desde ese punto de vista, tenemos que investigar todo lo que se tenga que investigar. Desde ese punto de vista, el Ministerio Público va a avanzar: no va a correr, pero tampoco se va a tropezar».

Por lo pronto, constó que son investigaciones de largo aliento que requieren muchos antecedentes relevantes, como informes de Contraloría, o acciones del Consejo de Defensa del Estado «para ver la sintomatología de cada una de las regiones donde tenemos investigaciones, y también lo hacemos con la Policía de Investigaciones»: «Se han hecho todas y cada una de las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación».

Los peritajes contables «se demoran meses», también se requiere «mucha declaración, mucho terreno», espetó frente a las críticas a la celeridad del Ministerio Público. Pero también precisó: «Los tiempos son necesarios para el desarrollo de la investigación. Sabemos, comprendemos y entendemos la necesidad, pero también hay que entender la labor objetiva del Ministerio Público. Sabemos la relevancia de este tipo de circunstancias, pero no queremos equivocarnos».

Ampliar

Sobre las filtraciones del caso de la diputada Catalina Pérez (RD), aseguró: «Cuando un fiscal va a tomar declaraciones, tiene que tener presente: que la diligencia sea útil y provechosa para el desarrollo de la investigación, y esta tiene tiempos (…) Son antecedentes serios y relevantes, lo hemos visto en los medios, que el Ministerio Público está viendo desde hace bastante tiempo».

Por lo pronto, destacó el trabajo con el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Consejo de Defensa del Estado y el Servicio Electoral (Servel):

«Tenemos una excelente coordinación con esas tres instituciones, particularmente con el SII. Tenemos una relación estrecha con ellos y en particular, por el Caso Fundaciones, nos juntamos todas las semanas con su equipo jurídico. Nos interesa que nos colabore en la investigación. Y fuera de delitos tributarios, tenemos también antecedentes allí (…) El fiscal nacional nos instruyó coordinar todas las semanas con el SII. Estamos en una coordinación absoluta con el CDE también. Tenemos una obligación legal con ellos también cuando existe perjuicio fiscal (…) El fiscal nacional nos pide ver con particular importancia los casos de corrupción en municipalidades y gobiernos regionales. Ese es el foco fundamental que el Fiscal Nacional nos ha encomendado y así lo estamos cumpliendo. Así no deja de ser relevante que en municipalidades ha aumentado. En prácticamente cada una de las regiones hay investigaciones en municipalidades respecto a hechos que revisten corrupción. En cada una de las regiones tenemos investigaciones del punto de vista municipal. Eso ha generado estas conversaciones».