Despachan a ley proyecto que obliga a efectuar registros audiovisuales en operativos policiales

La jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que establece la obligación de efectuar registros audiovisuales durante los operativos policiales.

De esta forma, los parlamentarios aprobaron por unanimidad las modificaciones del Senado a la moción que se debatió en la Sala en agosto de este año. El cual pretende entregar más claridad, transparencia y probidad, en el uso de esta tecnología, cuando estén en juego las garantías constitucionales de las personas.

En concreto, según detalló la ministra del Interior, Carolina Tohá, el proyecto le entrega validez a los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual que tengan los uniformados en el procedimiento penal. Las cuales, dependían de la aprobación de cada juez.

«Este proyecto va a establecer por ley la validez de los registros que hacen las cámaras que ocupan los policías. Esto hasta ahora era motivo de discusión y dependía de cada juez la validación que le daban las imágenes que se presentaban en el contexto de los juicios y que habían sido registradas por estas cámaras corporales que ocasionalmente ocupan las policías», señaló.

«Evita abusos policiales»

En esa línea, la secretaria de Estado indicó que «en primera instancia vamos a partir con las unidades especiales que tienen tanto Carabineros como la PDI estableciendo esta obligatoriedad, pero cada tres años el Ejecutivo va a ir renovando la disposición de fuerzas que se vayan sumando que tengan esta obligatoriedad».

A juicio de la ministra Tohá, esta iniciativa «evita abusos policiales, pero protege también a las policías, evitando denuncias irresponsables o infundadas. Entonces la gracia de tener un sistema de este tipo es que genera una garantía para toda la sociedad, para funcionarios policiales y para ciudadanos que son objeto de las operaciones policiales».

Nueva ley de registros audiovisuales

La nueva norma establece que las imágenes y/o sonidos registrados deberán ser entregados al Ministerio Público. Aquellos obtenidos en lugares o situaciones distintas, o si estos no resultaren útiles para la investigación, serán destruidos una vez transcurridos dos años desde la captura de los mismos.

También, se castigará a las y los funcionarios policiales que -sin orden previa- modifiquen, oculten, eliminen o alteren de cualquier forma los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual. Aparte de las penas correspondientes por dichos delitos, serán sancionados con la suspensión del empleo en su grado máximo.

Por otra parte, el texto modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, para señalar que los funcionarios y quien acceda a los registros estarán obligados a guardar secreto. Mientras que, la información obtenida deberá ser reservada.

Finalmente, según el informe financiero de la norma, se considera para su implementación un gasto cercano a los $7 mil 400 millones. Y en primera instancia, los equipos llegarían a las unidades de drogas, de investigación criminal, de robos y delitos violentos.