Caso Convenios: PDI vincula a Catalina Pérez por posible tráfico de influencias

El escándalo por los convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva sigue sumando antecedentes.

Esto porque, según un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), al cual tuvo acceso el medio La Tercera, se vinculó por primera vez a la diputada Catalina Pérez por el posible delito de tráfico de influencias.

En detalle, este texto fue enviado durante el pasado 19 de julio a la Fiscalía de Antofagasta, en el cual se menciona por primera vez este nexo, ya que previamente la parlamentaria solo tenía como vínculo su relación sentimental con Daniel Andrade, representante de Democracia Viva.

«Existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze», señala el mencionado medio.

El informe también adjunta la declaración de Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la secretaría regional ministerial (seremi), y que es considerada como «testigo clave».

«Los primeros días de mayo del presente mes, el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios», indicó.

«Llamaba la atención que en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizados por la Seremi para la Fundación ProCultura», agregó en su declaración ante la PDI.

Además, contó que en 2021 el Serviu se adjudicó $ 5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios, y que Carlos Contreras «invitó a través de mail a participar en dicho programa, que hasta ese momento solo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por Serviu«.

«Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría«, agregó.

Asimismo, la investigación puso en la mira de la PDI a la concejala de RD por Antofagasta, Paz Fuica, brazo derecho de Contreras. «Podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio», indica el informe.

«Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad», añadió la PDI.