Luis Cordero tilda posible “incumplimiento a deberes” en juez que autorizó revelar nombres de testigos del caso Los Gallegos
“El Ministerio de Justicia, por instrucción del Presidente, ha remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez”, reveló el secretario de Estado.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, acusó incumplimiento de “deberes funcionarios” por parte del juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, por autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública en el caso del clan Los Gallegos -brazo operativo del Tren de Aragua-.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Arica revirtió la decisión del magistrado, tras declarar admisible el recurso de protección presentado por el Ministerio Público. En paralelo, el Presidente Gabriel Boric le ordenó a Cordero dar los antecedentes de lo ocurrido a la Corte Suprema, para que esta establezca posibles sanciones al juez, según consignó Emol.
En esa línea, el ministro confirmó que cumplieron con lo ordenado por el mandatario: “La Constitución establece una facultad para el Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces. El Ministerio de Justicia esta mañana, por instrucción del Presidente, ha remitido a la Corte Suprema los antecedentes que disponemos sobre la decisión del juez”.
Incumplimiento a deberes funcionarios
Además, Luis Cordero se refirió al actuar de Barraza: “Nosotros creemos que la forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que hubiese incumplimiento a deberes funcionarios. Esa situación hoy está cubierta por tres vías: el recurso de protección que se ha interpuesto por el Ministerio Público, también por el Ministerio del Interior que es querellante en este caso, además de los recursos de protección que se han interpuesto contra el juez en la Corte de Apelaciones de Arica”.
“El Ejecutivo ha comunicado a la Corte Suprema que dispone de los antecedentes para que el pleno de la Corte tome las medidas que estime convenientes, que son muy amplias: desde la instrucción de procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde dirimir a ellos”, complementó.
De acuerdo con la resolución de la Corte de Apelaciones, se dio un plazo de 24 horas para remitir los nombres de 57 testigos reservados al Ministerio Público. Además, el fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenó el inicio de una investigación contra quienes resulten responsables de la presunta difusión.
