Fiscal regional de Arica por protección de testigos en casos de Tren de Aragua: «Urgen reformas en torno a las medidas de protección»

La amenaza del crimen organizado ha tomado, en las últimas horas, un ribete preocupante: la defensa de los imputados por los casos del Tren de Aragua en la región de Arica y Parinacota solicitaron conocer los nombres de los testigos. Finalmente, la Corte de Apelaciones local suspendió el fallo del magistrado Héctor Barraza. Este jueves, el fiscal regional Mario Carrera entregó más detalle del caso.

«La Corte de Apelaciones resolvió, conforme a las solicitudes del Ministerio Público, decretando una orden de no innovar, que significa que se accede a la limitación de la entrega de esos antecedentes. Desde ese punto de vista, ya tenemos conformidad en torno a los argumentos que presentamos el día de ayer (miércoles)», comenzó señalando la máxima autoridad judicial de la zonal.

Lo que sigue, añadió Carrera, es ver la tramitación ya concreta del recurso de protección, a fin de que la Corte se pronuncie «de manera definitiva».

Aunque hubo un antecedente relevante: al parecer, ya se habrían entregado algunos nombres antes de la resolución de la Corte. El fiscal regional lo confirmó:

«Respecto a los antecedentes de que se han entregado algunos sobres, o que se alcanzaron a retirar algunos sobres el día de ayer, esto es efectivo: están en poder de la Defensoría Penal Pública, la que debería hacer devolución de las mismas en las próximas horas, esperamos que de manera voluntaria. De lo contrario, tendríamos que efectivamente recurrir para que, con arreglo de Derecho, estos sobres vuelvan al poder del tribunal, donde deberían mantenerse custodiados».

Reforma

En la misma línea, el fiscal regional profundizó en la amenaza que esta acción judicial puede tener en el tratamiento del crimen organizado:

«En relación a reformas legales en torno a las medidas de protección, tanto de víctimas, testigos, como también de operadores del sistema judicial, evidentemente hay que hacer una reforma. Urgen reformas. Esto no puede quedar a criterio de alguna persona en particular, de Arica a Punta Arenas, sino que ya tenemos que tener una estructura que responda a las necesidades de las investigaciones contra el crimen organizado».

«Acá no hay que inventar mucho, toda vez que tenemos, en el derecho comparado, situaciones similares que se han resuelto de la manera que corresponde, como en el caso de Italia o Colombia, donde efectivamente en causas contra el crimen organizado se dan estas medidas de protección sin que tengan que estar debatiéndose audiencia a audiencia», cerró.