El tono cambia después de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, pero tan distinto no es: el Senadohizo un minuto de silencio «en memoria de quienes perdieron la vida o fueron víctimas con motivo de los hechos ocurridos» en el golpe de Estado. Luego, el presidente de la testera, Juan Antonio Coloma (UDI) leyó una declaración con respaldo de todas las bancadas parlamentarias, en la que se reconocen las visiones distintas sobre la historia. Una declaración que fue calificada como «un gesto muy relevante», por parte del ministro de Justicia, Luis Cordero.
«Habla de las enseñanzas de estos días. El Senado tuvo la oportunidad de poder equilibrar una expresión de deseo, del presente y del futuro, a partir de las discrepancias del pasado (…) es el cierre de un ciclo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Es un cierre que transmitiría a futuro», precisó el secretario de Estado.
Uno de los temas en agenda que se tomó el debate fue el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, que tiene como objetivo conocer el paradero de las más de mil víctimas de desaparición forzada. Prontamente, el texto legislativo entrará en toma de razón, para después comenzar el trabajo; a ello se suma que a fines de septiembre entrará en la ley de presupuesto que, dijo Cordero, «en proporción al resto del presupuesto de la nación, es bien modesto, pero también es una manifestación de apoyo a la iniciativa».
Con la Cámara de Diputadas y Diputados mayoritariamente de oposición, el secretario de Estado adelantó que, en las conversaciones sobre el Plan con la oposición, «he encontrado la mejor de las disposiciones»: «Senador, diputados y diputadas han entendido y comprenden que avanzar en Plan Nacional de Búsqueda es una cuestión de mínima dignidad»
«Nos excede a todos nosotros y la responsabilidad del Estado es continuar avanzando en el plan, cumpliendo las metas establecidas en él, estableciendo los mecanismos de verificación y rendición de cuenta que tiene», cerró.
En la misma línea, se refirió a los dichos del diputado gremialista Sergio Bovadilla, quien primero puso en duda la veracidad de los informes Valech y Reting, y luego se retractó: «Él mismo señaló que eran improcedentes (…) Son formas, a ratos de la retórica de la intransigencia, también son útiles para ir observando y encausando el camino razonable para este fin».