Ministerio de Justicia pide al CDE tramitar disolución de Democracia Viva ante el Poder Judicial
El Departamento de Personas Jurídicas de esta secretaría de Estado inició un procedimiento de fiscalización el 22 de junio de 2023, tras las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de convenios entre la Entidad y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta.
La Subsecretaría de Justicia, tras un exhaustivo proceso de fiscalización iniciado el 22 de junio de 2023, ha resuelto solicitar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que requiera ante tribunales civiles la disolución de la Fundación Democracia Viva. Esta medida se toma debido a graves infracciones a las normas estatutarias y al ordenamiento jurídico que rige a estas entidades.
El proceso de fiscalización se inició en respuesta a denuncias sobre posibles irregularidades en los convenios celebrados entre la Fundación y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la región de Antofagasta. Durante esta investigación, se recopilaron datos y antecedentes de diversas instituciones, incluyendo el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
Las conclusiones de esta fiscalización llevaron a la Subsecretaría de Justicia a solicitar la disolución judicial de la Fundación Democracia Viva, en conformidad con el artículo 559, letra c), numerales 1 y 2 del Código Civil. Estas graves infracciones incluyeron el incumplimiento de estatutos, el objeto social y la gestión del patrimonio fundacional, lo que desvirtuó los fines originales de la fundación y persiguió objetivos diferentes a los establecidos en su objeto.
Según señalan desde la cartera de Justicia, estos incumplimientos estatutarios fueron de tal magnitud que hicieron inviable la corrección de las irregularidades, y el objeto social de la fundación presentaba deficiencias que no se podían modificar sin transformar por completo la entidad en algo completamente diferente.
La subsecretaría de Justicia ha tomado esta medida en aras de garantizar la transparencia y legalidad en las actividades de las fundaciones y entidades sin fines de lucro en el país. Esta solicitud de disolución judicial marca un paso significativo en la protección de la integridad y el cumplimiento de la normativa legal que rige a estas organizaciones.