Caso Romario Veloz: condenan a 15 años de cárcel a capitán del Ejército por muerte del estudiante durante el estallido social

El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena emitió sentencias condenatorias a un capitán de Ejército y tres funcionarios militares después de un juicio por cargos relacionados con un caso de violencia innecesaria que resultó en la muerte de una persona y lesiones graves a otras dos personas en trágicos eventos ocurridos el 20 de octubre de 2019 en las afueras del Mall de La Serena, en el contexto del estallido social.

El capitán José Faúndez fue condenado a una pena única de 15 años de prisión por los tres delitos, mientras que el soldado C.R.O. recibió una sentencia de 10 años de presidio por su participación en la violencia que resultó en la muerte de una persona. Por otro lado, M.R.B. y J.A.M. fueron sentenciados a 5 años de prisión, cada uno por su participación en actos de violencia que causaron lesiones graves a otras personas.

El incidente tuvo lugar durante un estado de excepción constitucional en la región, en medio de una serie de ataques contra la propiedad pública y privada. Según la acusación, el capitán ordenó la presencia de un contingente militar en el Mall Plaza La Serena con el objetivo de mantener el orden público y prevenir daños o peligros para la seguridad en la zona.

En el transcurso de una manifestación en el área, algunas tiendas fueron objeto de saqueos por parte de terceros, lo que llevó al capitán a ordenar el avance del contingente militar. A pesar de que los saqueadores abandonaron sus acciones, el capitán ordenó la continuación de las operaciones y se unieron tiradores al grupo.

Posteriormente, instruyó a soldados subordinados abrir fuego con fusiles SIG y Galil contra los civiles, lo que resultó en la muerte del estudiante de nacionalidad ecuatoriana, Romario Veloz.

Armas letales para controlar el orden público

El Fiscal Regional, Adrián Vega, expresó su conformidad con la sentencia, señalando que las penas impuestas hacen justicia a los sucesos y envían un mensaje claro de que no se pueden utilizar armas letales en el control del orden público. También destacó la colaboración de la sociedad civil y las víctimas en la obtención de pruebas.

Es importante destacar que esta es una sentencia en primera instancia, por lo que cabe la posibilidad de recursos. Además, a los condenados se les abonará el tiempo que han pasado privados de libertad, enfrentarán la inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de condena.