Contraloría informa grave situación en Vitacura: objetan $4500 millones solo del 2020 y 2021
El informe final del órgano estableció que hubo gastos no acreditados, pago a cuentas corrientes personales, contrataciones dobles, contrataciones de parientes y otras faltas durante la administración de Raúl Torrealba.
La Contraloría General de la República, dirigida por Jorge Bermúdez, ha emitido un informe final que acredita «gastos improcedentes» en la Municipalidad de Vitacura durante los años 2020 y 2021. En este informe se señala que el municipio no acreditó gastos por un total de $1.414.488.629 destinados a subvenciones a entidades como Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y el Consejo Local de Deportes.
Además, se advirtieron gastos improcedentes por $638.551.017 en 2020, que incluyen boletas de honorarios médicos no pagadas con subvenciones municipales, servicios no prestados y duplicación de subvenciones por gastos de arriendo.
En total, la Contraloría objetó gastos por más de $580 millones que no han sido restituidos. También se destacó que se pagaron subvenciones a Vitaemprende y Vitasalud por $886.923.434 mediante cheques, pero no se acreditó que estos fondos ingresaran efectivamente en las cuentas de las organizaciones receptoras. Además, se descubrió que se pagaron $8.692.848 utilizando cuentas bancarias personales en lugar de las cuentas corrientes correspondientes, lo que llevará a la apertura de un sumario administrativo para determinar las posibles responsabilidades funcionarias.
El informe también señala casos de empleados que desempeñaron múltiples roles en diferentes entidades y contrataciones de parientes de funcionarios. Se menciona que algunas transferencias a asociaciones por un total de $1.000 millones en 2021 no fueron rendidas adecuadamente.
La Contraloría ha ordenado al municipio tomar medidas para recuperar los gastos observados y ha dado un plazo de 60 días hábiles para informar sobre las acciones emprendidas. Además, los antecedentes relacionados con el exalcalde Raúl Torrealba y otros funcionarios serán remitidos al Ministerio Público, que podría sancionarlos, incluyendo la destitución de cargos públicos por 5 años, la máxima sanción por falta grave a la probidad.
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