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Contraloría informa grave situación en Vitacura: objetan $4500 millones solo del 2020 y 2021

El informe final del órgano estableció que hubo gastos no acreditados, pago a cuentas corrientes personales, contrataciones dobles, contrataciones de parientes y otras faltas durante la administración de Raúl Torrealba.

raúl torrealba

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La Contraloría General de la República, dirigida por Jorge Bermúdez, ha emitido un informe final que acredita «gastos improcedentes» en la Municipalidad de Vitacura durante los años 2020 y 2021. En este informe se señala que el municipio no acreditó gastos por un total de $1.414.488.629 destinados a subvenciones a entidades como Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y el Consejo Local de Deportes.

Además, se advirtieron gastos improcedentes por $638.551.017 en 2020, que incluyen boletas de honorarios médicos no pagadas con subvenciones municipales, servicios no prestados y duplicación de subvenciones por gastos de arriendo.

En total, la Contraloría objetó gastos por más de $580 millones que no han sido restituidos. También se destacó que se pagaron subvenciones a Vitaemprende y Vitasalud por $886.923.434 mediante cheques, pero no se acreditó que estos fondos ingresaran efectivamente en las cuentas de las organizaciones receptoras. Además, se descubrió que se pagaron $8.692.848 utilizando cuentas bancarias personales en lugar de las cuentas corrientes correspondientes, lo que llevará a la apertura de un sumario administrativo para determinar las posibles responsabilidades funcionarias.

El informe también señala casos de empleados que desempeñaron múltiples roles en diferentes entidades y contrataciones de parientes de funcionarios. Se menciona que algunas transferencias a asociaciones por un total de $1.000 millones en 2021 no fueron rendidas adecuadamente.

La Contraloría ha ordenado al municipio tomar medidas para recuperar los gastos observados y ha dado un plazo de 60 días hábiles para informar sobre las acciones emprendidas. Además, los antecedentes relacionados con el exalcalde Raúl Torrealba y otros funcionarios serán remitidos al Ministerio Público, que podría sancionarlos, incluyendo la destitución de cargos públicos por 5 años, la máxima sanción por falta grave a la probidad.

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