Corte de Apelaciones confirma indemnización a 20 detenidos y torturados de la UTE: serán más de $1.000 millones
El fallo considera la condición de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometido contra estos miembros de la comunidad educativa.
Universidad Técnica del Estado, USACH, UTE, Universidad de Santiago, 1024x576 jpg ok
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el pago de una indemnización por parte del fisco a 20 funcionarios y estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (ex Universidad Técnica del Estado) que fueron detenidos y sometidos a torturas por parte de agentes del Estado en septiembre de 1973, al momento del golpe militar.
En total, serán $1.615.000.000 los que desembolsará el fisco por concepto de daño moral, que es también una confirmación de una sentencia dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago.
En el fallo de primera instancia se estableció: «La obligación de reparación íntegra entonces emana de la aplicación preferente al derecho internacional de los Derechos Humanos para cumplir los compromisos que el Estado chileno ha contraído y aplicar dichos tratados de buena fe. Normas internacionales que son de ‘aplicación preferente en nuestro ordenamiento interno, al tenor de lo que dispone el artículo 5 de la Constitución Política de la República, por sobre aquellas disposiciones de orden jurídico nacional que posibilitarían aludir las responsabilidades en que ha incurrido el Estado chileno y que invoca el Consejo de Defensa del Estado en resguardo de los intereses fiscales».
En la misma línea, se consigna que los crímenes de lesa humanidad y «las acciones de reparación integral no han prescrito, puesto que la condición de imprescriptibilidad de la acción indemnizatoria en este caso, emana de la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos a la luz de los principios generales del derecho internacional que tiene rango supra legal, por aplicación del artículo 5 de la Constitución Política de la República, ya citado; sin que pueda invocarse derecho interno de menor jerarquía para desatenderlas, por lo cual también las alegaciones principal y subsidiaria de prescripción de la acción de responsabilidad serán desestimadas”.
Las personas reparadas fueron Sergio Muñoz Cáceres, Luis CIfuentes Seves, Héctor Peña Soto, Carlos Vega Pizarro, Gregorio Suárez, Bustos, Emilio Daroch Fernández, María Geraldina Lisham Guerrero, Carlos Galaz Muñoz, Eduardo Nallar Abud, Mario Navarro Cortés, Fedora Demsky Verdugo, Érica Osorio Araya, Sergio Moscoso Bustamante, Aldo Leal Labrín, Marcela Lizana Fuentes, Rimski Reyes Ramírez, Álvaro palacios González, Eduardo Tourrel Navarrete, Iris Aceiton, Venegas y Juan Bautista Martínez Amigorena. Los montos van desde los $90 millones a los $40 millones.
