Sierra Bella: querellantes solicitan formalizar a la alcaldesa Hassler y otros exfuncionarios

El fiscal Patricio Cooper, de la jurisdicción metropolitana Centro Norte, está llevando a cabo una serie de diligencias en la investigación sobre el eventual sobreprecio en la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, una operación que se había acordado en $8.200 millones.

En medio de estas investigaciones, los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, quienes son querellantes en el caso, han solicitado formalizar la causa.

A través de un escrito presentado por su abogado Sergio Rodríguez, piden al fiscal «formalizar la investigación respecto del imputado Irací Hassler (alcaldesa de Santiago), Jean Pierre Chiffele (exdirector de Jurídica del municipio), Luis Mayorga (exsecretario de Planificación), Beatriz Chamorro (directora de Salud), Felipe Sánchez (representante legal de Sierra Bella), Patricio Gajardo (tasador), María José Sepúlveda (tasadora), Mylema Cárcamo (tasadora), para comunicarles que se sigue una investigación en su contra», publica Emol.

Esta solicitud se basa en un estudio encargado por la fiscalía para determinar el valor real de la ex clínica. Según los querellantes, «hoy se tiene una tasación de Transsa Consultores Inmobiliarios en la que se da cuenta que el valor de las propiedades asciende a menos del 50% del valor de compra, es decir, el precio del contrato y la tasación de los referidos tasadores fue equivalente al menos al doble del valor comercial o al cuádruple de la tasación fiscal y precio de compra del vendedor».

Además, cuestionan a los tasadores «Patricio Gajardo Rocha, Mylena Cárcamo Valencia y María José Sepúlveda Sepúlveda». También señalan que «la Asociación de Tasadores de Chile (Asatach) ha manifestado que en la confección de dichas tasaciones se infringieron las reglas establecidas» para estos casos.

Los querellantes argumentan que «los funcionarios municipales que intervinieron en la compra —entre ellos los imputados Hassler, Mayorga, Chiffelle y Chamorro— conocían el valor de adquisición y el avalúo fiscal de las propiedades, según consta en documento denominado: ‘Estudio de Títulos’ de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago». También indican que los funcionarios municipales sabían de la existencia de gravámenes en las propiedades debido a su ubicación, lo que incluía restricciones para nuevas construcciones.

«Un perjuicio millonario al patrimonio comunal»

Los querellantes concluyen que «la investigación demostró que existió un plan delictual para perfeccionar el contrato de compraventa a un precio equivalente al doble de su valor comercial, según la tasación de Transsa y al cuádruple del avalúo fiscal y valor de compra del vendedor, causando un perjuicio millonario al patrimonio comunal». También señalan «la evidente participación de la alcaldesa Irací Hassler» en la negociación y oferta de un precio que, después de la tasación de un tercero, Transsa Consultores Inmobiliarios, resultó ser el doble del valor de las propiedades.

La defensa de la alcaldesa Hassler, a cargo del abogado Miguel Schürmann, ha afirmado que la actuación de la jefa comunal se ha apegado a la legalidad y que el municipio se ha querellado contra los tasadores y ha presentado una demanda de nulidad de contrato debido a tasaciones fraudulentas que viciaron el proceso de compra del inmueble.