Cerca de 400 personas llegaron este miércoles hasta la Plaza de la Constitución, en el sector norte del Palacio de La Moneda, en Santiago, para participar del lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda: «una política nacional permanente y sistemática, que tiene como objetivo general de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las personas víctimas de desaparición forzada».
Si bien el plan comenzó en septiembre de 2022, en decreto supremo quedó firmado por el Presidente Gabriel Boric el pasado 28 de julio. El documento establece un «equipo intersectorial y un presupuesto asignado, y por lo tanto existirá como instrumento de política pública que deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno».
No menos de 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer entre 1973 y 1990. «Se ha estimado que las víctimas de desaparición forzada alcanzan el universo de 1.469 personas, de las cuales 1.092 corresponden a detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos sin entrega de cuerpo», precisa como antecedente la presentación del Plan.
Por otra parte, el esclarecimiento de responsabilidades ha permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
Objetivos del Plan Nacional de Búsqueda
Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. Esos son los objetivos del Plan, de acuerdo a información del Gobierno.
En cuanto a las circunstancias, apunta a reconstruir las trayectorias de las víctimas, desde su detención hasta su destino final; establecer una verdad judicial y extrajudicial de responsabilidades criminales; y ubicar, recuperar y restituir los restos mortales de las víctimas. Respecto al acceso de la información, apuntaba a «mecanismos efectivos» y rendición de cuentas a la sociedad; y lo tercero, es sobre la promoción «de la memoria en torno a las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura y las respuestas sociales a ellas», junto con atención integral en el proceso de búsqueda a familiares de personas víctimas de desaparición forzada; y desarrollar medidas de sensibilización por el tema.
En primer lugar, se trabajará en terrenos «pendientes», con participación de familiares y la sociedad civil.
A la fecha, existen 599 causas tramitadas en curso, en el marco del Programa de Derechos humanos. A ello se sumaron las 355 que «no habían iniciado procesos judiciales» por parte del Estado.
La diputada Lorena Pizarro (PC), que ha participado en los lineamientos del plan, planteó: «Es muy difícil, porque aquí hay un pacto de silencio y décadas de impunidad. Quiero esperar a lo que pasa hoy y lo que sucede en el transcurso del tiempo, que esto sea una responsabilidad que asume el Estado para siempre. Hasta ahora, siempre que habíamos visto comisiones, eran por 6 meses, como por espacio de tiempo. Esto es permanente y ahí hay algo muy positivo».
Sobrevivientes
La viuda del jefe de escoltas del expresidente Salvador Allende llegó hasta el evento. Relató a los micrófonos de ADN: «Mi marido, Jaime Sotelo Ojeda. Tenía 33 años, era guardaespaldas del presidente, jefe de escoltas de la guardia del presidente (Salvador Allende). Él justo ese día regresó a Tomás Moro, porque nos íbamos a cambiar para tenerlo más cerca, porque teníamos un hijo de 8 meses, y al otro día empezó el golpe. A las 07:50 lo llamé. Él me dijo: ‘¿Sientes cómo bombardean todo?’. Sí, sí se escucha, le dije. Le pregunté cuándo lo veía. En la noche empezó a decirse que el presidente había muerto. Luego, Investigaciones empezó a seguirme por ser la esposa de Jaime Sotelo. Lo enterré en 2010. Los días 11 nos juntamos en La Moneda y hacemos un homenaje por Morandé, por donde lo sacaron; en la Intendencia y en la escultura».
Otra deuda agregó: «Mientras no haya verdad ni justicia… El país, a 50 años, no debiera estar dividido. Pero piensen que hay familias que no saben dónde están sus seres queridos. Y por pensar diferente, los hicieron desaparecer. Qué les cuesta decir dónde están para darle sepultura cristiana y vivir en paz. Hay mucha gente: hay una generación que ya murió, padres, hijos. Yo ya tengo 60 años y debemos tener respuesta para esto».
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