Socavón en Viña del Mar: alcaldesa asegura que responsables de favorecer construcción en dunas «están plenamente identificados»

Un punto de encuentro que han tenido las autoridades respecto al aterrador socavón que se produjo bajo el edificio Kandinsky, en Viña del Mar, región de Valparaíso, es que hubo responsabilidad del Estado, por medio del ministerio de Obras Públicas, y del gobierno local. La alcaldesa Macarena Ripamonti entregó, este sábado, nuevos antecedentes: «Está plenamente identificado quiénes con su puño y letra favorecieron esto. (el exministro y empresario inmobiliario Edmundo Pérez Yoma) entre otras personas».

La declaración la entregó en una entrevista con el diario La Tercera. En la misma conversación, aseguró que la edificación comenzó en 1984, «cuando se venden esos terrenos al mundo privado, en medio de la dictadura. En 1993 se gravó esta zona como Santuario de la Naturaleza La Punta de Concón, donde una parte era de Viña del Mar. En 1994, gracias a un lobby feroz, bajó de 50 a 12,5 hectáreas, y se siguió disminuyendo hasta quedar en 2,3. Todo lo construido ya estaba cuando llegamos.»

Sobre la urbanización en las dunas mismas, por sobre la «información científica en relación a no recomendar construir», pasaron por «personas muy determinadas y que están inscritas como responsables en nuestra historia. Personas que vendieron, que hicieron esos traspasos de áreas fiscales. Y que luego disminuyeran las hectáreas del área protegida»: entre ellas, quienes impulsaron el cambio de uso de suelo, quienes estuvieron en el plan regulador comunal de 1995 y de 2002, y «todas las autoridades que tuvieron un lobby feroz y que optaron decididamente por la opción de densificar».

Futuro

En otra conversación, con el diario El Mercurio, Ripamonti adelantó que el campo dunero «va a comenzar a erosionarse en un marco de 10 a 20 años; no lo digo yo, lo dice la ciencia».

«¿Quién permitió eso, con ese riesgo? Es una cuestión de carácter político institucional. Y hay muchos responsables», agregó luego, antes de enumerar: «El Congreso Nacional nunca ha tomado la decisión de proteger en forma definitiva ecosistemas estratégicos como son los campos dunares, los humedales urbanos (…) Los retrasos también normativos que existen en cuanto a las figuras de obra (…), ya que los alcaldes tenemos facultades limitadas. Y con los directores de obras, en términos de cómo aplicar la normativa, no podemos tener discrepancias, y quien resuelve y quien es su superior jerárquico es la secretaria general del Minvu (ministerio de Vivienda y Urbanismo). Y ahí hay un problema grande. Y responsabilidades en términos políticos aquí en Viña del Mar, porque todas las administraciones anteriores, en particular las de 2022 en adelante, nunca tomaron la decisión de hacer estudios fundados en riesgo, de hacer un análisis sociodemográfico adecuado».

Por lo pronto, la administración de la militante RD optó por «cambiar un plan regulador completo»: «Tenemos un plan regulador con informes de riesgo completamente débiles y no fundados. No tenemos sectores que sean áreas de riesgo sustantivas, no tenemos un mapa de multiamenazas ni recomendaciones de dónde construir, por ejemplo, dispositivos sensibles como son jardines, escuelas y hospitales. No tenemos nada, tenemos un regulador que nos tiene completamente desabrigados frente al riesgo».