Proyecto condenas alternativas: Suprema alerta que «podría estar en tensión» con crímenes de lesa humanidad
El máximo tribunal detalló que la iniciativa podría interferir en los casos de condenados por violaciones a los derechos humanos.
Este jueves, la Corte Suprema emitió un informe sobre el proyecto de ley que regula el cumplimiento alternativo de condenados con enfermedades en estado terminal a una determinada edad.
En detalle, la medida impulsada por los senadores de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, Carlos Kuschel, Enrique Van Rysselberghe (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), busca regular el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad, para condenados en estado terminal.
El motivo para presentar el proyecto de ley, de acuerdo a los parlamentarios, sería que en Chile no existe una normativa legal que se haga cargo de la situación de los presos con enfermedades terminales.
Crímenes de lesa humanidad
Por esto, el máximo tribunal analizó el proyecto esta semana y se manifestó a favor de la iniciativa legal, sin embargo, advirtió sobre el impacto que podría ocasionar al interferir en los casos de condenados por crímenes de lesa humanidad.
«Sin perjuicio de la plausibilidad de los objetivos político-criminales que persigue la iniciativa, debe ponderarse en conjunto con otros fines y obligaciones del Estado que resultan relevantes, como la de investigar, juzgar y castigar cierta clase de delitos y el deber de evitar la impunidad«, sostuvo la Suprema.
En esa línea, agregó que este interés se vuelve «excepcionalmente relevante» cuando se considera el historial de crímenes de lesa humanidad de nuestra historia reciente, y el impacto que en ellos podría tener una propuesta como esta.
«Podría estar en tensión»
A raíz de esta situación, alertaron que «si bien el proyecto se condice con los estándares internacionales en materia de privación de libertad de personas vulnerables, debe hacerse presente que podría estar en tensión con otras obligaciones importantes del Estado de Chile, como la de evitar la impunidad y la denegación interesada de justicia».
