Gobernador de Antofagasta por Caso Convenios: «No puede generar la paralización de las acciones del Serviu con campamentos ni con lo que se hace con otros organismos»

En una respuesta rápida, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, piensa en dos proyectos en la región que podrían estar paralizados por la orden de Contraloría de congelar los tratos directos con instituciones privadas, motivada por el Caso Convenios: uno sobre empleo y otro «con el Hogar de Cristo, que tiene que ver con mejoras de hogares para personas en situación de calle que se han ido demorando»:

«(Estamos) muy preocupados del retraso y del daño que se hace a la gente que es beneficiaria del programa», dijo de entrada, la mañana de este miércoles, en ADN Hoy.

Antes había puesto en contexto las cosas: dijo, por ejemplo, que los antofagastinos demoran 12 años en acceder a una vivienda; los gobierno locales tardan 5 años para construir una escuela; y más de 10 para construir un hospital. La idea de descentralización que impulsa y que se podría ver beneficiada o perjudicada por el escándalo de los convenios «es cómo llegamos más rápida y eficazmente«. Y uno de los mecanismos eran los tratos discrecionales que se ven perjudicado con todos estos hechos.

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Dijo Díaz: «Como gobernadores, antes de esto, hemos impulsado normas de mayor probidad, mayor transparencia, mayor regulación. La ley de presupuesto de este año ha permitido mejoras de transferencias al sector público más que al privado. Eso se ha ido entrampando a partir de estos casos aislados y que lamentablemente entrampan las soluciones a los ciudadanos».

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En cuanto a las iniciativas sociales, el impacto «ha sido muchísimo, porque se ha levantado un manto de duda sobre este sector, sobre estas organizaciones privadas que brindan apoyo».

«Se hace necesario separar la paja del trigo, establecer claridad: no es lo mismo un caso de lo que ocurre en el ministerio de Vivienda, un organismo centralizado, en donde se traspasan recursos a una organización privada sin expertise ni el objeto (como Democracia Viva y los campamentos), del trabajo que se ha ido haciendo de distintas organizaciones que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en temas culturales, de apoyo, de delincuencia», agregó.

Como presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, Díaz Cortés aseguró que, por ejemplo, en materia de seguridad, las Gobernaciones Regionales han transferido más de $300 mil millones, destinados a cuarteles, vehículos a las policías, etcétera. «¿Vamos a frenar todo eso por cuestionamientos de casos aislados? Hoy había algunas iniciativas que se estaban levantando con el sector privado y que se han estado demorando. Contraloría pide mayor extensión para ir revisando. Nosotros creemos necesaria la revisión, pero no que se levante un manto de dudas sobre todos», espetó.

Y después, claro, la distancia: «Nos preocupa que se ha levantado una suerte de mirada sobre los Gobiernos Regionales como si fuéramos parte del nivel central. Lo que ocurrió, que es grave, que es detestable, es lo de Democracia Viva, que es con un organismo central y los GOREs no tenemos esas formas de traspaso; tenemos muchas regulaciones: el presupuesto de los GORES se aprueba desde el momento en que se establece a principios de año, tanto por Dipres como por Contraloría».

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Como asociación, hay decisiones que, precisó, han elevado los estándares: el reglamento que pide antigüedad mínima, por ejemplo. O en el proyecto regiones más fuertes, «rendir cuentas de traspasos de fondos; dar mayor vigencia y poder a CORES para regular esos fondos; y publicación periódica de dónde se están administrando los fondos. Son elementos de transparencia básicos que en la normativa internacional uno ve y que podrían estar. El dar mayor autonomía y dar la posibilidad de que las regiones puedan tomar decisiones para atender a las necesidades de los territorios no pasa por menos controles».

Democracia Viva

El presidente de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, aseguró en su aparición televisiva que parte de los recursos que el Serviu le entregó se ejecutaron. Díaz Cortés lo ha podido constatar, y tiene sus apreciaciones:

«Lo que se ha visto en esta fundación en particular no corresponde a los valores que se estaban planteando: se vieron algunos estanques, algunas conexiones que, al parecer, no tendrían la pertinencia para poder funcionar, previendo las situaciones de emergencia. Hemos tenido muchos incendios allá y la verdad es que no dan respuesta necesaria (…) Uno constata que aquí hubo una intención, un actuar equivocado, pero que no puede generar la paralización de las acciones del Serviu con campamentos ni con lo que se hace con otros organismos«.

Los efectos en los pobladores son de «una sensación de incertidumbre, de abandono, sobre cómo seguirán trabajando, frente a sus legíitimas demandas».