Fundación cuestionada en Los Lagos asegura que «no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros»

El convenio suscrito por el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos con la Corporación Kimün ha generado controversia. Según el Gore, se transfirieron $1.200 millones a la corporación para ejecutar un programa de regularización de títulos de dominio en la región.

Sin embargo, el pasado 17 de julio, el Gore de Los Lagos declaró la «terminación anticipada» del convenio debido a «diversos incumplimientos». Además, solicitó la «restitución de los dineros». Frente a esto, la corporación presentó un «recurso» para apelar la decisión, pero este fue “rechazado”.

El Gore, a su vez, presentó una «querella por defraudación y apropiación indebida» contra los representantes legales de la corporación. También se iniciaron acciones legales para asegurar la devolución de los fondos, incluyendo una «demanda ejecutiva» que busca el «embargo de bienes» de la corporación y su «aval y codeudor solidario».

El vicepresidente de Kimün, Arnoldo Ñanculef, aclaró que «nosotros como corporación no tenemos ninguna posibilidad de devolver los dineros», ya que esos fondos «no los manejó esta corporación». Según Ñanculef, la responsabilidad recae en quienes «firmaron esos documentos en nombre de la Corporación Kimün», específicamente en la tesorera Rosalía Currimil y el presidente Jaime Huincahue, consigna Emol.

$900 millones sin respaldo

En relación con los $900 millones que Huincahue afirmó haber transferido al Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica (IP y CFT) Los Lagos, Ñanculef señaló que no tiene «antecedentes de respaldo» sobre el uso de esos fondos. Añadió que Huincahue se ha «negado a participar» en las reuniones para entregar información.

Es relevante destacar que Jaime Huincahue y Rosalía Currimil, quienes ocupaban cargos en el IP y CFT Los Lagos, vendieron la institución a la Fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin). Esta venta no fue autorizada por la Corporación Kimün y fue realizada de manera «arbitraria» y «clandestina», según Ñanculef.