El exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, enfrenta graves acusaciones a un año de haber sido detenido y encarcelado. El 26 de julio del 2021, Aguilera fue privado de su libertad por orden del 15º Juzgado de Garantía de Santiago, quien decretó la medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Tras un año tras las rejas, la Corte de Apelaciones de Santiago cambió esta medida por arresto domiciliario total, en julio del 2022.
Tras un año de arresto domiciliario, la Fiscalía Metropolitana Sur ha ingresado una acusación en contra del exalcalde ante el tribunal. En el documento, el Ministerio Público acusa a Aguilera de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. La fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel y una millonaria multa por estas graves acusaciones.
Los fiscales Víctor Núñez Escalona y Leonardo Zamora Hernández, de la Fiscalía Sur, presentarán una serie de antecedentes para sustentar las acusaciones contra Aguilera. Se alega que el exalcalde se habría enriquecido ilícitamente al recibir dinero a cambio de entregar millonarias licitaciones a empresas que lo sobornaron.
La acusación incluye 410 pruebas documentales, como estados de cuenta del exalcalde y comprobantes de transferencias, entre otros. Además, se presentarán la declaración de 59 testigos, dos peritos y otros 53 documentos fundamentales en la indagatoria que se ha llevado a cabo desde el 2017, consigna La Tercera.
Multa equivalente al incremento del patrimonio
En cuanto a los delitos específicos, Aguilera enfrenta la acusación de enriquecimiento ilícito, ocurrido entre enero de 2013 y septiembre de 2017, en el que habría incrementado su patrimonio en $268.818.500, según lo analizado por la fiscalía en dos cuentas corrientes a su nombre. También se acusa a Daniel García Vega, funcionario municipal durante la administración de Aguilera, de realizar depósitos relacionados con este delito.
Por el delito de enriquecimiento ilícito, la fiscalía solicita el pago de una multa equivalente al incremento del patrimonio de Aguilera, que asciende a más de $260 millones. Además, se pide que sea inhabilitado por siete años para ejercer cargos públicos y se decrete el decomiso de una propiedad adquirida en La Reina en 2016.