Pasa al Senado: Cámara aprueba proyecto que prohíbe retener los títulos profesionales por deudas con la casa de estudios
Pese a la aprobación de 106 parlamentarios, el diputado Gonzalo De la Carrera hizo reserva de constitucionalidad respecto al derecho de propiedad.
Con 106 votos a favor, cuatro en contra y 19 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general y en particular el proyecto de ley que prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas de arancel.
La iniciativa, originada en una moción en la Cámara, surge como respuesta a casos reportados en algunas universidades, donde se ha negado la entrega de títulos, diplomas o certificaciones a los alumnos que no hayan pagado sus mensualidades o costos anuales del servicio educacional, además de los aranceles previamente establecidos. Estos cobros adicionales se han considerado como una infracción grave, según la Superintendencia de Educación Superior.
El proyecto aprobado modifica la normativa actual y establece que se prohíbe condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones, así como la entrega de títulos, diplomas y certificaciones, a exigencias pecuniarias por deudas de arancel, siempre que estén establecidas en la reglamentación de la institución de educación superior y sean informadas a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo.
El diputado Luis Malla (Partido Liberal), principal promotor de la iniciativa, presentó el informe de la Comisión de Educación en dos sesiones, durante las cuales varios diputados y diputadas intervinieron para expresar sus opiniones sobre el proyecto. La mayoría de ellos coincidió en que la falta de dinero no debe impedir el derecho a la educación y criticó la lógica mercantil de la educación superior que se traduce en chantaje hacia los estudiantes que tienen deudas.
Los defensores del proyecto destacaron que esta modificación permitirá a los alumnos obtener sus títulos y convertirse en profesionales, lo que les facilitará cumplir con sus compromisos económicos. Subrayaron que lo más importante debe ser valorar el mérito, la capacidad y el esfuerzo académico de los estudiantes, y que la deuda con la casa de estudios se pueda cobrar con posterioridad sin afectar su derecho a obtener el título.
Reserva de constitucionalidad
Por otro lado, parte de la oposición rechazó la iniciativa argumentando que los alumnos conocen el compromiso de pago al momento de matricularse y, por lo tanto, deben cumplirlo. Alegaron que no se puede consumir sin pagar, ya que esto afectaría los derechos de las nuevas generaciones. Algunos también manifestaron que el trasfondo de la ley es destruir la educación superior privada.
Finalmente, el diputado Gonzalo De la Carrera hizo reserva de constitucionalidad respecto al derecho de propiedad.
El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahora avanza hacia su siguiente etapa para su revisión y eventual aprobación en el Senado.