Revocan prisión preventiva a Eduardo Macaya y tendrá que pagar $150 millones por abuso sexual impropio

La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva y aplicó una caución económica a Eduardo Macaya Zentilli, imputado por delitos de abuso sexual impropio contra menores de edad.

Recordemos que, el pasado 12 de julio, el Juzgado de Garantía de San Fernando había decidido mantener la prisión preventiva del padre del senador UDI Javier Macaya, junto con rechazar la petición de la defensa de fijar una caución económica.

Sin embargo, esta tarde se determinó que el empresario agrícola deberá cumplir la prisión preventiva en su domicilio y pagar una caución económica de $150 millones.

Asimismo, la Sala de Turno del tribunal de alzada estableció que «una vez que el imputado acredite la caución y el juzgado la estime suficiente para reemplazar su prisión preventiva, se decreten en contra de Macaya Zentilli las medidas cautelares de arresto domiciliario total, prohibición de salir del país, y de aproximarse y comunicarse “con las víctimas por cualquier vía, y con sus padres, mientras dure la investigación”.

Imputado por abuso sexual de menores

En la resolución se establece que ya se han decretado las diligencias esenciales de la investigación y que se encuentran debidamente cautelados los derechos y protección de las eventuales víctimas.

No obstante, indica que “se debe tener presente que el imputado actualmente se encuentra en prisión preventiva bajo la hipótesis de peligro de fuga, aquello conforme a lo resuelto por esta Corte».

«Así las cosas, atendido el supuesto de prisión preventiva actualmente vigente, la controversia se centra en determinar la probabilidad que el encausado pueda sustraerse de los actos del procedimiento en caso de decretarse la caución que prescribe el artículo 146 del Código Procesal Penal -precisamente- para esta hipótesis”, consigna la resolución.

En tanto, el escrito señala que “a su vez se debe considerar que el imputado se presentó voluntariamente al Tribunal de Garantía el día de su formalización, sin perjuicio de existir una orden de detención pendiente en su contra, y que además no fue necesario utilizar orden judicial de allanamiento, al haber sido autorizada tal diligencia por un adulto o encargado del inmueble en que habita el imputado, en los términos del artículo 205 del Código Procesal Penal, lo que da cuenta que no ha sido refractario a los actos del procedimiento”.

Por lo que, “corresponde considerar la irreprochable conducta anterior del encausado que ha sido reconocida por el Ministerio Público en estos estrados, su arraigo, su avanzada edad y las enfermedades que se dan cuenta en el recurso de apelación escrito y que no fueron controvertidos por el persecutor y el querellante particular, en especial, en cuanto al informe médico que consigna el hecho de existir, atendida su situación actual, un mayor riesgo vital», zanja la resolución.