Contraloría ordena al ministro de Vivienda informes sobre renuncias cuestionadas en caso convenios
El titular de la cartera tendrá un plazo de 5 días hábiles para la redacción del documento que fue solicitador tras un requerimiento de parlamentarios de RN.
La Contraloría General de la República (CGR), en respuesta a un requerimiento de la bancada de diputados de Renovación Nacional, ordenó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que elabore un instructivo para tratar las renuncias de funcionarios públicos que hayan faltado a la probidad, esto, en el marco del llamado caso convenios.
En concreto, los congresistas RN, a raíz de investigaciones de acuerdo entre fundaciones y seremis de la carretera en cuestión, pidieron al “Contralor Jorge Bermúdez que, en uso de sus facultades constitucionales y legales, vele por la observancia de los principios de legalidad y probidad administrativa, y requiera la información necesaria al ministro Montes Cisternas u otros funcionarios que estime pertinente, señalando si el accionar del Secretario de Estado se ajustó al marco legal y los principios que informan el accionar de la Administración del Estado”.
“Asimismo, solicitamos tenga a bien elaborar un instructivo acerca de la incompatibilidad de aceptar la renuncia de sujetos que han incumplido evidentemente sus labores o han exhibido un comportamiento abiertamente contrarios al principio de probidad administrativa, a modo que su accionar conste en su hoja de vida funcionaria y se le impida ejercer labores en la Administración del Estado”, se agrega en el requerimiento presentado al órgano fiscalizador.
El dictamen
En esa línea, desde Contraloría ordenaron al ministro Montes que “en el plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio” deberá presentar el informe requerido por los parlamentarios RN.
Este documento “deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”, precisaron desde CGR.
“Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, cierra el documento.
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