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Juicio a excomandante en jefe del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba defiende el origen de su patrimonio en el tercer día de interrogatorio

En la instancia, el exgeneral en retiro afirmó que entregó voluntariamente sus cuentas al Ministerio Público. Asimismo, se espera que en los próximos días su esposa renuncie a su derecho de guardar silencio.

Juicio a excomandante en jefe del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba defiende el origen de su patrimonio en el tercer día de interrogatorio

El excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, fue interrogado por tercer día consecutivo en el marco del juicio oral en su contra, en el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Recordar que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusa al general en retiro y su esposa, Anita María Pinochet, de cometer lavado de activos entre los años 2010 y 2016.

En detalle, ambos habrían desviado cerca de 2 mil 980 millones de pesos -de gastos reservados- para beneficio personal. Esto mediante diversas modalidades, entre ellas pago de tarjetas de crédito, compra y venta de vehículos de alta gama. Y de este modo, el matrimonio incrementó su patrimonio en más de un 280%.

La declaración de Juan Miguel Fuente-Alba

El excomandante en jefe del Ejército aseguró en su declaración que jamás vivió en una casa particular, si no que fiscal. También, afirmó que la compra y venta de uno de los bienes fue un aporte notable en inversión, y que además parte de su patrimonio es por herencias.

Y durante esta jornada, Juan Miguel Fuente-Alba recalcó que proporcionó voluntariamente sus cuentas a la Fiscalía: «Las entregué voluntariamente al Ministerio Público en el minuto que presté la primera declaración«.

«Dije: ‘Por favor, no se demoren en esperar que llegue a Estados Unidos. Yo la entrego voluntariamente a la Fiscalía'», agregó. Y se espera que en los próximos días  Anita María Pinochet renuncie a su derecho de guardar silencio, y también declare.

Paralelamente, Fuente-Alba está procesado por la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, por el delito de malversación de caudales públicos por un monto aproximado de $3.500 millones.

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