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Corte Suprema emana un informe positivo sobre la ley contra el crimen organizado

Según el máximo tribunal del país, el proyecto de ley facilita el acceso a ciertos procedimientos al eliminar la necesidad de autorización judicial previa para acceder a ciertos datos.

Corte Suprema, Una práctica común, sentencia por escrito, p

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El Tribunal Pleno de la Corte Suprema ha emitido un informe en relación con el proyecto de ley que tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta reunión tuvo lugar el 3 de julio y el informe fue enviado a la presidencia del Senado el 5 de julio.

El informe destaca que el proyecto de ley propone modificaciones que parecen estar en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas reformas se presentan como funcionales para la detección de delitos e infracciones administrativas de especial gravedad, proponiendo medidas que aligeran la carga de trabajo de los tribunales y aseguran una mayor uniformidad en el sistema.

Según el máximo tribunal del país, el proyecto de ley facilita el acceso a ciertos procedimientos al eliminar la necesidad de autorización judicial previa para acceder a ciertos datos.

Esto se refiere a las competencias de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). En concreto, se amplían las competencias de la UAF y la CMF y se extiende el concepto de operación sospechosa.

«Parecen estar dentro del margen permitido»

El informe también indica que, aunque la autorización judicial seguirá siendo necesaria para solicitar a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile el desarrollo de facultades investigativas intrusivas en el marco de procedimientos sancionatorios, los cambios propuestos parecen estar dentro del margen permitido al legislador para modificar la estructura de frenos y contrapesos que suponen facultades intrusivas como esta.

La Corte Suprema concluye que, a pesar de la relevancia de los cambios propuestos, estos parecen ser adecuados y proporcionales, y promueven la lucha contra el crimen organizado sin alterar la integridad del secreto o la reserva de la información.

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