Caso Democracia Viva: oficina allanada no tenía computadores ni personal para el funcionamiento de la entidad

No había ningún antecedente. Nada. Esa fue la conclusión a la que llegó la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) este viernes, tras allanar un departamento en calle Exequiel Fernández, en la comuna de Ñuñoa, que estaba sindicada la supuesta oficina de la fundación Democracia Viva, la que en los últimos días ha estado en el centro de la polémica por el traspaso de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

El objetivo de la acción era recuperar elementos tecnológicos, dispositivos o archivos, pero de acuerdo a fuentes citadas por El Mercurio, no había elementos que incautar: «Llamó la atención que no existieran computadores, una secretaria o personal para el funcionamiento de la entidad. Incluso, explican que esperaban que a lo menos existiera un letrero que identificara la fundación».

Tampoco había registros de un plan de trabajo vinculados a la ejecución de los programas asociados a los campamentos que fundaron las asignaciones de Gobierno. Pese a eso, no descartan que surja una explicación de cómo funcionaba o un nuevo domicilio.

La dirección a la que llegaron es la que aparece registrada en el Servicio de Impuestos Internos (SII) como sede, así como también la que aparece en los convenios del ministerio de Vivienda.

Hasta este domingo, la policía civil había incautado computadores desde las oficinas de la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Entre las diligencias pendientes se consideraba la incautación de Carlos Contreras, titular de la entidad y exmiembro del gabinete de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de Revolución Democrática. 

El próximo martes el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, recibirá al ministro de Vivienda, Carlos Montes, para entrevistarlo en el marco de la investigación que encabeza. En paralelo, también están las investigaciones impulsadas por militantes del Partido Republicano y la UDI, por los delitos de fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.