La Corte Suprema decidió acoger a tramitación el recurso de remoción presentado contra la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Esta es la segunda vez que un grupo de parlamentarios piden sacar de su cargo a la persecutora, debido a la forma en que se condujeron casos de alta connotación como la muerte de Tomás Bravo y Sergio Mardoff.
En su resolución, el máximo tribunal del país estimó que en esta ocasión se cumplían las exigencias que prevé el artículo 53 inciso 2° de la Ley N° 19.640, por lo que se admitió a tramitación la solicitud de remoción.
Dicho artículo regula los escenarios en los que una fiscal regional puede ser removida de su cargo: por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.
La decisión fue tomada por los ministros integrantes de la Corte Suprema, aunque los magistrados Haroldo Brito, Mauricio Silva y Leopoldo Llanos estuvieron por rechazar la solicitud de remoción.
Las partes disidentes argumentaron que «no resulta procedente subsanar lo ya resuelto por la Corte el 10 de mayo pasado», cuando ya se había declarado inadmisible una presentación de este mismo tipo al no cumplirse con los requisitos formales que establece la ley.
Lo que corresponde ahora es que se fije un periodo para que quienes realizaron el recurso de remoción puedan presentar las pruebas que sostienen la petición y también que la fiscal regional pueda esgrimir sus descargos. Esto incluye «fijar alegatos sobre el particular» y, tras ello, el tribunal decidirá si acoge o no la solicitud de remover de su cargo a la jefa del Ministerio Público del Biobío.
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