Fiscal Eugenio Campos por corrupción en corporaciones municipales: «Hay cierta falta de transparencia en el manejo de fondos que puede ser un caldo de cultivo para cometer delitos»

Como fiscal, Eugenio Campos ha estado involucrado en casos mediáticos que han marcado al país en los últimos años: el desfalco en Carabineros, conocido coloquialmente como «Pacogato», que comenzó con un reporte que apuntaba a una cifra de alrededor de $70 millones y que terminó identificando $28.398 millones, 116 condenas ejecutoriadas por malversación de caudales públicos y lavado de activos, además de otros bienes muebles e inmuebles recuperados.

También estuvo en el caso del avión Hércules C-130, que resultó con la formalización de cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) por cuasidelito de homicidio. Y en marzo pasado, ya no en el trabajo en sí de persecutor, sino como funcionario del Ministerio Público, volvió a aparecer, luego que el entonces recién asumido fiscal nacional, Ángel Valencia, lo dejara a la cabeza de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. 

Tres meses después de llegar al nuevo cargo, Campos hizo un repaso, la mañana de este miércoles en ADN Hoy, del estado de la institución: «La corrupción es un flagelo que debemos combatir activamente: limita y debilita cada uno de los cimientos de un Estado de Derecho, y no es solo un daño a la institucionalidad y a la baja confianza de cada uno de los ciudadanos, sino que también tiene consecuencias nefastas contra la economía, lo social y en los derechos humanos».

En esa línea, Campos aseguró que Valencia hizo un llamado a enfrentar la corrupción de forma distinta y no quedarse solo con las personas, sino también seguir la ruta del dinero. Pero así como se exige un trabajo por fuera, también hay un llamado a la probidad interna: «Queremos ser un Ministerio Público pionero en Latino América de establecer un complaince al interior nuestro; es decir, determinar brechas de riesgo en la labor que estamos realizando».

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Municipalidades

180 de las 346 municipalidades del país son investigadas por delitos asociados a la corrupción, según información del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En estos casos, la estrategia, reveló Campos, es a «dirigir una investigación ágil, directa y consecuente en municipalidades y gobiernos locales», dada la «relevancia» y el porcentaje «importante» de la cifra.

Aunque hay un detalle importante: son las corporaciones municipales las más cuestionadas:

«Vemos que hay cierta opacidad, falta de transparencia en el manejo de fondos municipales, en el cual puede ser un caldo de cultivo para cometer delitos de carácter funcionario. Se requieren claras que permitan una rendición de cuentas consecuentes con lo que se está administrando por cada una de las municipalidades».

Pero sin ir tan lejos, uno de los (quizás) más representativos puede ser el del exalcalde Raúl Torrealba y la municipalidad de Vitacura. El llamado de Campos es a un trabajo intersectorial:

«La lucha de la corrupción debe ser de todas y todos, no solo del punto de vista público, sino también del privado y de la ciudadanía: apoyar modificaciones que dicen relación con la protección del denunciante; generar obligaciones para cada uno de los servicios públicos; el registro de operaciones sospechosas en el caso de la unidad de análisis financiero, por ejemplo, que podría ir encaminado en el caso de las municipalidades, que permitirían una detección más temprana, preventiva, y descubrirlos en una etapa incipiente y no cúlmine. Lo que ha ocurrido es que los hemos encontrado es que han sido circunstancias en que se han mantenido en el tiempo durante varios años».

En el caso particular de Torrealba, el que comenzará con imputaciones en 15 de junio, detalló que «cada uno de los delitos de los cuales tenemos conocimiento y se solicitó audiencia de formalización al Tribunal de Garantía en Santiago, estamos hablando de delitos que son de bastante importancia y gravedad, muchos de ellos con penas de crimen: malversaciones, lavado de activos, establecen penas que sobrepasan los cinco años y un día».

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Corrupción en Chile

¿Ha avanzado? «Mi opinión personal es que hay de todo un poco: han aumentado los delitos, por cierto, pero también esto da cuenta de la mayor confianza que tiene la ciudadanía», respondió el fiscal antes de agregar:

«La Reforma Procesal Penal establece una cierta publicidad de los procesos donde la ciudadanía y los medios son fiscalizadores y permiten una mayor información de lo que está sucediendo. Eso ha generado mayores canales de denuncia. Además, está en la sensibilidad de las personas porque son temas que se tratan día a día».