Caso Sierra Bella: Fiscalía aclara que alcaldesa Hassler se encuentra en calidad de imputada y no de querellante
Fiscalía aclaró que la Municipalidad de Santiago aparece como querellante en cuanto a corporación de derecho público, pero no la edil como persona natural.
La jornada de este lunes, la Fiscalía Centro Norte aclaró que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler está siendo investigada en calidad de «imputada» por un posible fraude al fisco, en el caso Sierra Bella.
En detalle, el organismo presentó un recurso de aclaración ante la solicitud del fiscal Patricio Cooper, quien pidió que haya una rectificación sobre el estatus de la jefa comunal en la investigación. Esto, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía designara a la alcaldesa como querellante, y no como imputada.
A raíz de esta situación, Fiscalía aclaró en el documento que la Municipalidad de Santiago aparece como querellante en cuanto a corporación de derecho público, pero no la alcaldesa Hassler como persona natural.
«En la presente causa hay cinco querellantes, los abogados Aldo Nolberto Duque Santos y Miguel Cea Bustos, los honorables diputados Juan Eduardo Irarrázaval Rossel y Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen y finalmente la Ilustre Municipalidad de Santiago, como corporación de derecho público», detalló el texto.
«Calidad de imputada»
En esa línea, añadió que «la señora Irací Luiza Hassler Jacob como persona natural no tiene la calidad de querellante y para esta parte tiene la calidad de imputada«.
En respuesta, la defensa de Hassler ingresó un recurso donde confirmó su estatus. «Ella tiene la calidad de imputada porque los Republicanos piden citarla en esa calidad en su querella(…) Que los querellantes la sindiquen como imputada no implica en modo alguno evaluación de su responsabilidad«.
Tasadores
Asimismo, recordemos que el municipio presentó una querella por una eventual estafa contra los tres tasadores que realizaron la fallida compra venta de la ex clínica Sierra Bella. La cual no siguió adelante, ya que un informe de Contraloría advirtió que el inmueble se estaba vendiendo con un sobreprecio de más de $8.200 millones.
Finalmente, en dicho contexto, se presentó la querella por fraude al fisco, ya que los querellantes aseguran que el valor real del centro asistencial es de $3.500 millones.