Subsecretario de Justicia explica que el alma de la ley Antinarco busca enfrentar el negocio ilícito y proteger a la infancia

La llamada «Ley Antinarco» fue promulgada a principios de esta semana. La presentación estuvo dilatada por Chile Vamos, quienes llevaron la discusión al Tribunal Constitucional por los permisos que entrega a los consumidores de cannabis medicinal. Superado eso, el Presidente Gabriel Boric viajó hasta la región de Valparaíso para desarrollar la iniciativa. En la misma línea de dar a conocer la normativa, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, conversó con ADN Hoy.

Antes que todo, precisó Gajardo, la ley tiene «tres grandes columnas»: enfrentar el negocio del narcotráfico; entregar más herramientas al Estado para perseguir a los narcotraficantes y valerse de sus bienes; y por último, proteger a los niños, niñas y adolescentes.

Sobre enfrentar el negocio, contó el subsecretario: «Le entrega la posibilidad (de participar en las indagatorias) a la unidad de análisis financiero: incorpora empresas que tiene que estar permanentemente entregando sus reportes de actividades, que son empresas a través de las cuales se desarrolla el narcotráfico. Son empresas vinculadas al arriendo de vehículos, la compra y venta de equinos, y la compra, venta y confección de joyas de alto valor. Se incorporan más antecedentes para que la unidad de análisis vea actividades sospechosas y con eso, enfrentar el narcotráfico».

¿Qué es la unidad de análisis financiero? Es una unidad del Estado que busca investigar todas las operaciones sospechosas que se dan en ámbitos comerciales. La ley incorpora más empresas que le tendrán que reportar a la unidad de análisis financiero, una vez que detecta alguna actividad sospechosa, le comunica a los órganos persecutores para que investiguen si efectivamente ahí se está cometiendo un delito.

En relación a los bienes de los narcotraficantes: antes de la promulgación de esta ley, los bienes de ellos eran decomisados al final de la investigación. Con la nueva normativa, permite hacerlo durante la investigación. A ello se suma que los recursos decomisados tendrán como destino tres instituciones: Carabineros, Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda).

Y finalmente, sobre la protección de niños, niñas y adolescentes: «Esta ley, además, aumenta las penas para quienes entreguen o faciliten drogas a niños, niñas y adolescente; además de aquellos que utilizan niños, niñas y adolescentes a que vendan drogas».

Angol

El domingo pasado, en la cárcel de Angol, tres funcionarios de Gendarmería fueron tomados como rehenes por comuneros mapuche. La acción fue objeto de una condena transversal. Y si bien se tomaron medidas (la liberación de los gendarmes; el allanamiento del módulo; el traslado de los reos y la presentación de querellas por el delito de secuestro), el caso podría ser una muestra de algo mayor.

«Tenemos un déficit en materia estructural: desde 2012 mantenemos el mismo número de plazas disponibles en nuestro sistema penitenciario, que son alrededor de 42 mil. Sin embargo, actualmente tenemos aproximadamente 47 mil personas privadas de libertad en establecimiento penitenciario. Hay una sobrepoblación importante. Nosotros recibimos en 46 mil. En un año y fracción ha aumentado considerablemente el número de personas privadas de libertad. Además, pasa que no todos los centros penitenciarios tienen la posibilidad de albergar a personas peligrosas o altamente peligrosas», contó.

A ello se suma el cambio en la criminalidad: por ejemplo, la llegada de organizaciones internacionales. Ante ello, Gajardo señaló: «Si tenemos una situación con líderes de banda criminales altamente peligrosos, uno tiene que segregar para que no tengan contacto con otras ni tengan capacidades para actividades ilícitas».

Con todo, el Ejecutivo remodeló el módulo de alta seguridad de Arica (enmarcado en la llegada del Tren de Aragua); además, hubo una reapertura de la cárcel de alta y máxima seguridad en Santiago, la que se encontraba cerrada desde 2021.

«Actualmente, tenemos un plan de establecimientos penitenciarios para dar cuenta de la población penitenciaria que es importante: una es el Manzano, en Concepción, y otra es Laguna, en Talca. Sobre la última, contemplamos módulos de alta y máxima seguridad, para aumentar la capacidad de módulos en el país. Recibimos seis, tenemos ocho y tendremos nueve entre 2023 y 2024. Luego, tenemos dos cárceles en diseño: Calama y Copiapó, donde se contempla alta y máxima seguridad para enfrentar los nuevos modos criminales», concluyó.