Las otras deudas en educación de la municipalidad de Santiago

Para ese día de julio de 2022 en el que Francisco Ponce empezó el procedimiento judicial por cobro de facturas en contra de la municipalidad de Santiago, se le debían $98.125.819. Había pasado más de un año desde que había comenzado las mejoras en dos colegios administrados por la Dirección de Educación (DEM) local: en enero de 2021 comenzó a intervenir el colegio República de México y la Escuela de Sordos Santiago Apóstol.

Había hablado con Mariana*, una vieja conocida suya a la que había recomendado para otro trabajo, también en la comuna, pero en un colegio con otra connotación: el Instituto Nacional. Y la propia Mariana, en una jornada de febrero de 2023, ya dos años después de hecha la normalización eléctrica de la que participó, recordó el origen todo:

“Mariana, te cuento —dijo que escuchó que le decía Ponce al otro lado del celular—: hay un proyecto en la municipalidad de Santiago que quieren hacer, pero quieren ver la parte eléctrica no más, no de construcción. Lo único que están pidiendo es sacar los TE1 de la parte eléctrica”.

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El TE1 es un certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) que indica que una instalación eléctrica es segura y cumple con la normativa. Los electricistas certificados están registrados en la propia SEC. Sin ello, el riesgo a descargas eléctricas que corren los más de tres mil alumnos del Instituo Nacional era mayor. Y urgía implementarlo por otra razón: una fuente que en ese entonces fue testigo y partícipe del proceso desde adentro de la DEM explicó a ADN que era por la integración de estudiantes mujeres al insigne colegio, un procedimiento que la pandemia postergó.

En esos años en los que poco se sabía del covid-19, cuando Mariana recibió el llamado, esta clase de oportunidades debían tomarse rápido en los contratistas. Las condiciones sanitarias sobre un virus poco conocido no daban espacio para el error. Pero para ella, tenía otro trasfondo: esa misma tarde de febrero en la que recordaba cómo comenzó todo, lo explicó:

“Este proyecto no lo pesqué para hacerme rica; mi principal objetivo era que yo no puedo ser madre, yo solo puedo ser madre con tratamiento. Lo único que quería eran $6 millones para hacerme el tratamiento. Nada más. O sea, lo que yo quería”.

En abril de 2023, aún la municipalidad le adeuda un millonario monto a Ponce. Y en el caso de Mariana, según explicaron, ya está saldado. Pero para ella no, y siguiendo la ruta del dinero, hay un camino gris.

Francisco Ponce asegura que este arrastre de deudas es mayor, que él ha escuchado a al menos otras cinco pequeñas empresas en similares condiciones, información que la municipalidad declinó transparentar a ADN.

En el enmarañado sistema burocrático de pagos hubo presiones, quizás de contexto: un inminente y radical cambio de quien timoneaba la municipalidad y después, de quien manejaba el país.

Financiamiento

Mariana, por entonces, buscaba “pegas chicas”, las suficientes que le permitieran sostenerse. La electricidad era su área, y como dueña de esta micro empresa, siempre había dos o tres personas orbitando para cumplir la demanda. Y si era de mayor magnitud la oferta, buscaba a más personas.

Al momento en que la llamaron de la DEM de Santiago, le habían ofrecido normalizar los sistemas eléctricos de seis colegios, pero el primero que había que ver era el Instituto Nacional.

Los dineros provenían del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), que según la web del Ministerio de Educación, “está destinado a la recuperación y fortalecimiento de la educación pública escolar y parvularia, en todos sus niveles y modalidades”. Estos mismos fondos se adquieren mediante la postulación por parte de los sostenedores (en este caso, la Dirección de Educación) y, de acuerdo a lo que precisaron de la DEM de Santiago, los entrega la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación.

“El proyecto presentado por la administración anterior estuvo mal diseñado desde el inicio, porque para materializar un proyecto de reparación de un sistema eléctrico se necesita incorporar malla de tierra, lo cual es un aspecto fundamental y elemental para este tipo de trabajos. Sin embargo, ello no estaba contemplado”, explicó por escrito Miguel Figueroa, subdirector de Administración y Finanzas de la DEM de Santiago.

Mariana recuerda esos días de junio de 2020 de otra forma:

“Llegué al Instituto Nacional y me empezaron a decir qué cosas querían hacer ellos. La municipalidad había mandado a su gente de la DEM a hacer canalizaciones nuevas al Instituto Nacional. Ellos estaban ejecutando, pero cuando llegué, les dije que lo estaban haciendo mal. Entonces les dije cómo debían ejecutarlos para poder hacerlo bien. Si está mal hecho, no lo voy a inscribir. No voy a inscribir cualquier cosa, porque es un riesgo que corren mis ingenieros. Es responsabilidad mía y de mi empresa”.

La respuesta de los funcionarios fue más allá: querían que ella hiciera cotizaciones de materiales. “Les dije que bueno. Sumando el TE1, más materiales, pensaba: ¿Y si me piden lo mismo en otros colegios? Estoy ganando. No es mala oportunidad. No era complicado, no tenía problemas para hacer eso. Lo encontré tan sencillo que… Ningún problema”.

Son coincidentes, tanto el testimonio de Mariana como desde la DEM, que su oferta era la menos costosa, llegando a un total de $131 millones. Es más, fue lo que se acordó en una sesión del Concejo Municipal, organismo en el que también participaba la entonces concejala Hassler. “Yo les hacía el proyecto entero —acotó Mariana—, pero por trato directo, había que presentar tres empresas”.

En diciembre de 2020 concluyó el proceso. El trabajo debía empezar el 13 de enero de 2021, con un tiempo de ejecución de tres meses. O al menos en un principio, porque pocos días después de que se conocieran los involucrados en la obra (los representantes de la municipalidad; el “ITO” (Inspector Técnico de Obras), como llaman al fiscalizado de obra; encargado de la recepción de la obra y otros), le avisaron de imprevisto que debía de hacerse en 30 días. Ese año entraban por primera vez las estudiantes al Instituto Nacional, y, en mayo del mismo año, eran las elecciones municipales.

El acuerdo era un 20% de adelanto y el otro 80% una vez que la obra se recepcionara. Pero dice Mariana que ni lo uno ni lo otro se aprobó. Fueron, finalmente, sus contactos los que le permitieron seguir:

“Tengo un viejito, que quiero y adoro, que tiene una constructora, y él sabía que me la estaba jugando con este proyecto. Le dije que tenía este proyecto, me preguntó si sabía lo que había que hacer, le dije que sí y me dijo que le diera nomás, que viera hasta dónde llegar. Cuando me gané el proyecto, el que me pasó inmediatamente $60 millones fue él. ‘Ahí tiene, para iniciar su obra’, dijo. ‘Que le vaya bien’”.

Con un cambio en las condiciones, su estrategia fue trabajar con 12 personas, de lunes a lunes, de 8.00 a 18.00, y con refuerzos de aproximadamente de 30 personas los sábados y domingos.

Igor Tello, inspector de Obras de la municipalidad, dice Mariana, debía ir a dar el inicio. Pese a la presión por terminar antes, no llegó ese día de enero, el acordado. Tampoco al día siguiente. Y fue el 15 de ese mes que dio el inicio de obra. Era menos plazo para entregar.

En ese momento en que se dio inicio a la obra, comenzó la búsqueda de la malla tierra: “Empecé a buscar la malla de tierra, me pasan planos y empiezo a buscar y no la pillaba. Me preguntaba cómo sacar el maldito TE1 si no tenía la malla tierra. Empiezo a revisar los tableros y nada. Llamé e Igor nunca me respondió. Siento que nunca lo construyeron. Le hablaba a Igor y cada vez que él me echaba la culpa de algo, le enviaba información a la DOM (Dirección de Obras Municipal), la DEM y nada. Les dije que no había ninguna malla tierra allí. La mejor solución que les di es hacer una malla tierra, no para sacar plata, sino porque todo instituto requiere una parte donde lleguen las descargas”.

Finalmente construyó una pequeña, de 10×7 mts. Y ahí, dice ella, Tello desapareció.

Hay una deuda que, por la información que Mariana maneja, al menos perturba: si no encontró la malla tierra previa, si ni siquiera existía en los paneles o en las conversaciones con los de la DOM, ¿en todos los años de existencia del Instituto Nacional los cientos de miles de alumnos que por él pasaron estuvieron expuestos a descargas eléctricas mortales?

En febrero, cuando entregó el proyecto, no fue hasta el día 12 de ese mes que le firmaron el documento de recepción. “Me dicen que necesitaban algo: para recibir la obra, había que colocar los letreros de salida y los enchufes en las salas, que estaban cerradas. Les dije que no tenía problemas, pero que necesitaba plata y necesitaba gente para trabajar, porque era harto trabajo. La última opción era el viejito, que ya me había pasado $60 palos. Mi única opción era vender unos terrenos que tenía en Los Ángeles: venderlos y con la devolución del dinero, buscábamos otro (financista)”, recuerda.

Viajó al sur y de regreso en Santiago, su esposo se contagia de covid-19. Y luego de estar en una residencia sanitaria y contagiar a todo su núcleo familiar (padres adultos mayores), volvió a exigir el pago a la municipalidad, pero “me dicen que no han hecho la documentación porque faltaba documentación y pregunto qué hizo el hito: no hizo levantamiento, estado de pago, nada. La cosa es que el pago que me habían dicho en febrero, me lo hicieron en mayo, de $90 millones”.

Sobre el segundo pago, nadie sabía nada. Y de esos $90 millones, $60 millones iban a una sola persona. Además, el despido de gente, tras la derrota de Felipe Alessandri en la alcaldía, ya había empezado.

Al momento de encarar a Tello, él admitió que se equivocó en una factura. Le pidió a Mariana hacer otra de $21 millones y él le dice que tenía problemas. En paralelo, ya había empezado el tratamiento para ser madre. Aquí se encrudece su relato:

“Les dije (a los de la municipalidad) que por la clínica, después de seis meses se puede pagar: me hice el tratamiento, las inyecciones, es horrible todo, porque quiero ser madre. Me hice todo, sacaron mis embriones. Los tengo. En julio quería pagar los embriones. De los $21 millones que me pasaron, los factoricé. Incluso les puse en el correo del factoring que en 60 días se cancelará el monto. Estaba aprobado por todos lados. Factoring acusa recibo del dinero. Les dije que si son dos meses y me deben más plata, mejor iba a la clínica, les decía que había que pagarlos después y así quedaba en cero en otras cosas. Era empezar a mover la plata. Pasaron dos meses y el factoring empezó a llamar: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de 2022. Y no me pagaban de la municipalidad. Empecé con las deudas, deudas por todos lados. Me operaron, caí hospitalizada, estoy con crisis de pánico, mi esposo también, me fui de la casa porque sentí que estaba dejando la cagada por todos lados, venían los carabineros porque había orden de embargo. Para pensar en una cosa, dije que me iba a colocar un embrión, para darme ánimos, para decir que hay que luchar por una cosa. Eso fue en diciembre, y en enero lo perdí. El doctor me dijo que mientras no estuviera más tranquila, no hiciera todo eso”.

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El factoring es “un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido y a cambio obtiene de manera inmediata el dinero”, según explica la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta alternativa de financiamiento está dirigida, preferentemente, a empresas pequeñas y medianas, y lo que hace es traspasar el servicio de cobranza futura de los créditos y facturas existentes a su favor, a cambio de obtener de manera inmediata el dinero, “aunque con un descuento”, se lee en la web de la Comisión.

“Por ejemplo, si la Empresa XYX ha hecho una venta y por ello tiene una factura para ser cancelada a 60 días por un valor de 1 millón de pesos, mediante el contrato respectivo se la entrega a la Empresa de Factoring o Banco, la que le entrega de inmediato un monto de dinero equivalente al 90% de la factura. Cuando se cumpla el plazo de 60 días, la Empresa de Factoring o Banco cobrará la factura original al cliente quien le pagará directamente y no a la Empresa XYX que le dio la factura, y obtendrá el monto total, por lo que la diferencia constituirá su ganancia”, ejemplifican en la web de la entidad.

La explicación del subdirector Miguel Figueroa fue: “Al asumir la actual gestión y detectar esta debilidad en la implementación del proyecto, se tuvo que realizar la regularización del mismo, nuevamente a través de la Seremi de Educación. Esto significó sumar más tareas y modificar el convenio existente, lo que originó demora en el pago de la empresa contratista”.

La razón, cuentan fuentes de la DEM, es más técnica: al momento en que se hicieron las partidas del proyecto, Mariana tuvo que haber tramitado un gasto adicional o “aumento de obras”, relacionadas con la malla tierra. Ese trámite debe pasar por la DOM.

La DEM para la contratación, la DOM para la ejecución. Y Tello, el “hito”, el fiscalizado, tuvo problemas de salud que, según cuentan, le ha impedido reintegrarse al equipo, incluso hoy.

“En abril se realizaron ciertas gestiones con la Seremi para poder tener (el aumento de obra) y que reconocieran el aumento, pero claro, desvincularon a la mayoría de (el departamento de) Infraestructura. Ahí quedó en nada y de ahí no se sabe más”, detalló la misma fuente. A tal punto llegaron los despidos que, en un determinado momento, para los 44 establecimientos que están bajo la administración de Santiago, quedó solo un arquitecto y un integrante técnico.

Finalmente, está el pago.

Fondos

Para que se concrete el pago por parte de la Municipalidad, el fiscalizador de obra (o “hito”) tiene que aprobar las partidas ejecutadas. Una vez que ello ocurre, el expediente es enviado a la DEM. Allí, el departamento de infraestructura (cuenta la fuente conocedora del caso) validaba que “efectivamente era tal cual lo indicaba el informe”.

Desde allí se emitía un documento que pedía al departamento de Administración y Finanzas los oficios del decreto de pago respectivo, y después las firmas: primero, de Contabilidad; luego, de Presupuesto; después de Administración y Finanzas de nuevo, para finalmente volver a la DEM y que ellos lo enviaran a la municipalidad.

En el centro de la municipalidad se envía a la Dirección de Control, quienes tienen 10 días para hacer revisión del expediente, que puede tener observaciones o aprobación. En caso de las observaciones, se deben subsanar; y de nuevo todo el trámite. Si el estado de pago está visado, pasa a la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secplan), de nuevo a la administración municipal y de ahí al secretario municipal, quien finalmente lo envía a la DEM para concretar el pago.

Pero hay una salvedad: “Cuando se hace un cambio de diseño del proyecto, mientras no afecte el espíritu de este, se puede esperar la aprobación de esa partida extra”.

Pero nada se sabe de si se hizo la solicitud en la Seremi o no.

Mariana, ante las respuestas de la DEM, asegura que la deuda sigue en pie.

La alerta

Referente a las obras que Francisco Ponce hizo en la Escuela de Sordos Santiago Apostol, Miguel Figueroa explicó que “se encuentra ejecutando obras de reparación, en respuesta a las observaciones que le hizo el equipo Infraestructura de la Dirección de Educación, todo ello, dentro del periodo de garantía de las obras y con el fin de obtener la recepción final de las mismas”.

En el caso de la Escuela República de México, el financiamiento es de la Seremi de Educación.

“Los convenios suscritos con el Mineduc son 80-20, es decir, del total del monto del proyecto (en este caso, de aproximadamente $149 millones) la entidad ministerial transfiere primero el 80% de los recursos y la suma restante (el 20%), la transfiere cuando se materializa la rendición del 80%. La administración pasada asignó como primera empresa para ejecutar este proyecto a Ragori, la cual comenzó los trabajos en enero de 2020 y, en septiembre de ese año, dejó abandonadas las obras, por lo que se decretó la liquidación de contrato con la empresa Ragori. En ese contexto, se adjudicó la continuación de las obras a la empresa Francisco Ponce Inostroza Construcciones EIRL, mediante la modalidad de trato directo (esto ocurrió en enero 2021)”, explicó Figueroa.

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Y prosiguió: “Cuando asumió la actual administración (julio 2021), se encontró con la siguiente situación: a la empresa Ponce se le debían 4 estados de pagos pendientes. Tras realizar las indagaciones pertinentes, la nueva DEM se abocó a regularizar los procedimientos administrativos de la adjudicación de los recursos de dicho proyecto ante la SEREMI de Educación, condición indispensable para poder cancelar los trabajos hechos.

“Considerando que la administración pasada debía dineros a esta empresa con una demora de 6 meses, la primera acción de la actual Dirección de Educación fue cursar 3 pagos por un total de $80.859.049. Junto a ello —siguió explicando Figueroa—, se inició la regularización de la liquidación del primer contrato con la empresa Ragori (dado el cambio del proyecto a otra empresa constructora). Esto es relevante ya que estas obras son financiadas vía modalidad de ‘proyecto de conservación’, bajo la cual se transfieren recursos en dos cuotas, y la segunda solo es depositada si la rendición de la primera está totalmente realizada. La complejidad de este caso deriva principalmente en que, bajo la alcaldía pasada, no se hizo a tiempo todo el procedimiento referido al cambio de constructora.

“En estos momentos se está esperando la reliquidación de parte de la Seremi. Una vez realizado dicho procedimiento, recién se nos traspasará el 20% restante para poder así cancelar el remanente de pago a la empresa Ponce”, cerró.

Ponce sigue esperando el dinero, aún en abril de 2023. Mariana no sabe qué hacer con lo que asegura que se le adeuda, y menos pensar en sus deseos de ser madre.

Cerca de la veintena de marzo, la alcaldesa Hassler dio inicio al año escolar frente a la escuela República de México. Junto a ella estaba la seremi de Educación RM, Flavia Fiaban. Dijo, entonces, la edil:

“Necesitamos avanzar en recuperar brechas en términos de la infraestructura que durante tanto tiempo estuvo lamentablemente abandonada”.

[*A petición de la fuente, el nombre fue cambiado].

Respuesta de la municipalidad

Rodrigo Roco, jefe de Gestión Institucional, Dirección de Educación (DEM)

Parte importante de nuestro quehacer a cargo de la DEM, ha sido estar regularizando un conjunto de procesos administrativos por causa de proyectos mal diseñados o mal ejecutados. Al mismo tiempo, hemos ido en búsqueda de nuevos recursos que signifiquen una inversión en obras de envergadura mediana o mayor para ir en respuesta al abandono (en algunos casos de décadas) de la infraestructura educativa pública de la comuna.

Entonces, mientras regularizamos y hacemos todos los procesos burocráticos intra y extra municipio para iniciativas anteriores, hemos estado desarrollando y presentando nuevos proyectos. De hecho, la DEM fue uno de los sostenedores del país que más proyectos presentó a la línea de emergencia del MINEDUC el 2022, con 40 proyectos. De ellos, hasta el momento, tenemos 18 aprobados y estamos trabajando con los equipos técnicos de la Dirección de Educación Pública y de la SEREMI para avanzar en la aprobación del resto.

Los proyectos diseñados, tramitados y ejecutados por la actual DEM se están pagando en tiempo y forma.

Al asumir esta administración, en el segundo semestre del 2021, nos encontramos con numerosos problemas de gestión y de abandono en la mantención de los edificios de las escuelas y liceos.

A lo ya explicado por el Subdirector de Administración y Finanzas, se debe agregar la situación de la Escuela Luis Calvo Mackenna y del Liceo 4 Isaura Dinator. La empresa a cargo de realizar obras en ambos establecimientos los abandonó hacia mayo de 2021, dejando a la escuela sin techo en pleno otoño-invierno y al liceo sin baños para las estudiantes.

En esta situación, nuestras primeras tareas fueron, por un lado, la gestión de soluciones de emergencia para poder retornar a la presencialidad de las clases, y por otro lado, la obtención de recursos para poder realizar estos mismos proyectos, los cuales se vieron encarecidos, ya sea por daños generados tras el abandono (la lluvia dañó más el inmueble sin techo, por ejemplo), o por la realidad del sector de la construcción a partir de la pandemia.

Gracias a estas gestiones, hoy las obras en estos dos establecimientos están en sus fases finales, ejecutándose aquellas partes de los proyectos que son compatibles con la presencialidad y el funcionamiento regular de la comunidad escolar. Los pagos acordados a las constructoras que están realizando estas obras se han cursado en tiempo y forma. Esto significa que proyectos diseñados, tramitados y ejecutados por la actual DEM se están pagando como corresponde según los convenios establecidos.

Para lograr eso, hemos estado intensamente generando y tramitando proyectos, trabajando con el apoyo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y de otras direcciones del Municipio, además de preocuparnos de estar bien coordinados con el MINEDUC y sus reparticiones. Todo ello, en función de avanzar a paso firme y sin pausa en las mejoras de infraestructura que las escuelas y liceos públicos de la comuna necesitan.

Precisamente porque no somos los responsables directos del problema, empatizamos con la empresa Ponce y lamentamos las demoras asociadas a sus pagos finales. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para destrabar las situaciones que generaron ese retraso y confiamos en que prontamente la situación se resolverá.

Para los trabajos y obras proyectadas para este semestre y año, nos hemos asegurado al máximo posible, de no cometer los errores administrativos ni de diseño que ocurrieron en el pasado.

Esto debiera derivar en que el avance de las obras irá de la mano de los pagos que se comprometan contra resultados. Las obras mayores que estamos finalizando en la Escuela Luis Calvo Mackenna y el Liceo 4 Isaura Dinator son prueba de ello.