Ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe: «Chile se ha latinoamericanizado desde el punto de vista del crimen y el delito»

El último cargo de elección popular que tuvo Felipe Harboe (uno de los fundadores del PPD) fue de convencional constituyente; antes fue senador y antes, diputado; y antes, subsecretario del Interior en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. 

Su área de interés ha sido la seguridad en todos esos espacios, e incluso hoy sigue en ello, en el Centro de Estudios para la acción y prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. En ADN Hoy, la mañana de este jueves, planteó las razones detrás de la alta sensación de inseguridad percibida en el país, el cambio en los delitos y el aumento exponencial de aquellos de alta connotación social.

«Hay que objetivar los datos: lo que demuestran los datos duros es un aumento exponencial en la tasa de homicidios. Eso debiera sorprendernos, porque hace cinco años atrás la tasa de homicidios era bastante baja, en un momento cerca del 40%. Los niveles de violencia asociados a los delitos también han aumentado considerablemente, lo que debiera preocupar a las policías y al gobierno», comenzó explicando el ahora académico.

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A ello, sumado al homicidio de dos carabineros, generó una «cuadro de emergencia política que debió haberse producido hace un buen tiempo, asumiendo que, más allá de la gravedad del homicidio de carabineros, todos los días vemos en noticiarios la constatación de homicidios de personas en distintos lugares del país. Eso es extremadamente delicado, no se veía en Chile».

Llamó a que la respuesta del mundo político debería ser «más rápida y enérgica», pero «prudentes y cuidadosos», pues «me preocupa que más bien se fijen expectativas desmesuradas respecto a una agenda legislativa: una cosa son los proyectos de ley que protegen a las policías y facilitarles la posibilidad del ejercicio de su legítima defensa; pero otra muy distinta es pensar que solo esos proyectos de ley van a resolver los problemas».

Así las cosas, planteó un análisis, desde el Presidente de la República al resto de las instituciones y autoridades, a buscar medidas complementarias que frenen «la escalada de violencia», porque «estos proyectos pueden ayudar, pero no van a solucionar el problema de fondo». En la misma línea, llamó a «repensar el Ministerio Público»:

«Por ejemplo, podríamos tener un fiscal nacional con competencia en narcotráfico y así podría cruzarse toda la información del país respecto de bandas que operan en el norte, centro y sur. Hoy se observa que las bandas, en casos de homicidio, los fiscales usan todas sus herramientas para investigarlos, pero sin conversar con el fiscal del lado. Eso genera problemas de estanco de compartimiento. En materia policial, hay que tomar una definición que puede ser incómoda: ¿seguiremos pretendiendo que Carabineros las haga toda: que sea policía preventiva, investigativa, de tránsito, de fronteras, de drogas? Eso no da cuenta de la realidad».

«Chile se ha latinoamericanizado del punto de vista del crimen y el delito: hoy tenemos modus operandi que no teníamos hace 10 años. Por tanto, hay que adecuar la estructura y la formación», agregó luego.

Hace 10 años no había sicariatos ni secuestros, dijo Harboe. La Reforma Procesal Penal estuvo en gestación desde 2000. Los 23 años desde entonces ha mostrado que «la realidad ha superado la institución y que tenemos que hacer cambios importantes. La evolución política es importante: hace 10 años atrás la policía tenía siempre más y mejor valoración que los gobiernos y el parlamento. Eso impedía realizar ciertas reformas. Hoy la democracia ha madurado lo suficiente como para entender que un proceso de reforma policial estructural no significa politizarlas ni someterlas, sino actualizar su normativa para hacer frente a la realidad delictual».

El objetivo al que apunta el académico está influid por la realidad delictual, la migración irregular y la necesidad de capacitación que ello debiera implicar a las policías. A ello suma un cambio a la regla de determinación de penas del Código Penal, que permite que los jueces puedan aplicar atenuantes.

Legítima defensa de carabineros

Una de las discusiones álgidas fue la de la legítima defensa de carabineros, cuyos críticos plantean que podría abrir la puerta a «un gatillo fácil». Pero el exsenador Harboe cree que va más allá, partiendo por las leyes que tienen nombres: «Vienen de la situación de la Ley Emilia. El problema es que el legislador se enfrenta a una decisión racional, es decir, vamos a establecer una sanción correcta, adecuada, proporcional, justa y efectiva, o bien va a ser parte de una discusión más bien emocional: es decir, el que no está con esta ley, es contrario a esta persona. Eso no es adecuado».

Pero la legítima defensa policial requerirá un «reentrenamiento», sino una reforma: «¿El Gobierno va a reformar a las policías? ¿Avanzará un plan de reentrenamiento? Porque mientras los legisladores conocen o legislan las leyes, los policías están en las calles».

Hacia el final, sobre el cambio de opinión del Presidente, llamó al Mandatario a que cambie «sobre las acciones»: «Debiera decir: ‘Mire, nos equivocamos en su oportunidad, creímos que los 30 años habían sido terribles y hoy tenemos a todos los 30 años en el Gobierno y no queremos refundar la institución’. Eso es entender que gobernar era bastante más difícil que cuando eran diputados. ¿Cuál es el liderazgo que tiene en su coalición? O la ministra Vallejo, porque la gran mayoría de su partido votó en contra (el martes de las leyes de seguridad). La pregunta es: ¿es por conveniencia o por convicción? Ojalá sea por convicción, porque sino sería lamentable».