Abogado Francisco Cox califica la agenda de seguridad como «legislatura de matinal»: «Hay mucho de alharaca, de falta de racionalidad y es ir por un camino sumamente peligroso»

Francisco Cox fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que en 2016 indagó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Fue convocado por su expertise en criminalidad. Es voz autorizada para hablar de la vertiginosa agenda de seguridad que el Gobierno impulsará esta semana y que, de lograrlo, podría tener leyes en materia de seguridad en 90 días.

El crimen de la sargento segundo de Carabineros Rita Olivares, en Quilpué, sirve como contexto. En ADN Hoy, dijo la mañana de este martes que, pese a que el ataque a la policía uniformada podría tener una pena mayor, «lo importante, más que el aumento de las penas, es que se pueda efectivamente investigar, detener, sancionar y desestructurar (al crimen organizado)».

«Lo que me preocupa de estas leyes de defensa legítima privilegiada para Carabineros es el equivalente a la ley de Estados Unidos, stand-your-ground, que produjo mayor gatillo fácil por parte de la policía; mayor cantidad de personas baleadas y asesinadas. Pretender darle más poder a la policía y bajarle los controles es la receta para un fracaso. No sé si la gente que participa de esta discusión no vio o no se enteró del ex superpolicía (Genaro) García Luna, que fue cooptado por los Beltrán Leyva y después por el cártel de Sinaloa, (Joaquín)el ‘Chapo’ Guzmán», agregó.

Lo anterior, pues parte de la misma agenda, como la Ley Retamal, impulsada y promovida por la oposición, permite ciertos «privilegios» para los carabineros al momento de hacer uso de sus armas de servicio. Tales permisos deformaría, a juicio de Cox, incluso el Estado de Derecho:

«A la policía se le empezó a dar poder y lo que genera es alguien con casi un control absoluto en un Estado de Derecho, que es la antítesis del Estado de Derecho y, por lo tanto, las bandas de crimen organizado empiezan a ver a quién corromper. Y pensar que Carabineros es incorruptible es no ver lo que pasó con gastos reservados».

Otro punto donde poner el foco, a juicio del jurista, son las técnicas de investigación que la Ley de Crimen Organizado entregaría a las policías: esas mismas técnicas, contó, son las que se usan en los procedimientos por Ley de Drogas (20 mil); agente encubierto, interceptación de llamadas, colaboración eficaz, entre otras. 

«Nadie ha pedido cuenta de cómo se usaron. ¿Dónde están las estructuras del crimen organizado? Las policías tenían estas facultades en la Ley 20 mil. El foco, la legislatura de matinal, ponerle nombre a las leyes es casi contraintuitivo. Hoy no se pide rendición de cuenta a las policías. La Ley 20 mil tiene todo lo que hoy se dice que es una gran innovación. Lo que faltaba y falta es tener la capacidad investigativa, tener policías», propuso.

Y en esa misma línea, se refirió a una estrategia de la Policía de Investigaciones, que llevaron analistas al norte para abordar la migración irregular: «Estamos en 2023, es increíble que estén descubriendo la labor de analistas, que son los que justamente ven el contexto, el foco criminal y no el caso a caso. Eso se necesita: gente que vea el nivel macro cómo funciona el contexto criminal».

«Hay mucho de alharaca, de falta de racionalidad y por un camino sumamente peligroso. Tener una policía sin controles, con legítima defensa privilegiada, que se escandalicen que un policía que dispare y mate a otra persona, es una aberración», complementó luego.

Cárceles

Son centros de operaciones, según Cox. Y encarcelar gente «no significa que lograste desbaratar nada: puede tener un control que puede ejercer, que es lo que ocurre, y afecta a familiares y gendarmes. Por eso también se tiene que dar mayor protección y empezar a incorporar a gendarmería para que empezarlo a fortalecer».

Hay datos por los que podrían tomarse decisiones no sea una persecución y sobrepoblar los recintos penitenciarios: por ejemplo, dijo el abogado, en Chile es la marihuana la droga más incautada. «Si logras evitar que adquieran un poder adquisitivo de tal magnitud que puedes corromper y comprar armas de alto calibre, de alguna forma estás solucionando el problema. Quizás hay que discutir la legalización de la marihuana, que es donde está el poder adquisitivo de las bandas que estamos viendo. Hay que buscar formas de romper o quitarles el poder adquisitivo. En ese sentido, el decomiso sin condena es un buen paso, pero también la alcaldesa (Evelyn) Matthei hablaba de la UAF (Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía), cuyo problema es la cantidad de operaciones sospechosas que recibe. No tiene la capacidad de analizar toda la información».