Bancada de diputados de RN califica de «challa» agenda de seguridad de Gobierno y piden urgencia para Ley Retamal
La iniciativa impulsada por los congresistas contempla un principio de racionalidad para los policías que usen su arma de fuego; ampliar el catálogo de medios armados; permitir el control de identidad en vehículos, en otros.
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Hasta el Palacio de La Moneda llegó parte de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) para pedirle al Presidente Gabriel Boric que ponga urgencia inmediata a la Ley Retamal, que eleva las penas para quienes ataquen a las policías, redefine los delitos de homicidio, maltrato de obra y agresiones contra funcionarios, restringir los beneficios penitenciarios de los condenados por ataques a funcionarios de la institución, entre otros.
El diputado Andrés Longton criticó las «palabras grandilocuentes» del Mandatario, antes de invitarlo a «demostrar con hechos concretos de que le va a devolver la confianza a nuestras policías y les va a otorgar las herramientas para que puedan proteger de buena manera a las policías chilenas».
«Tenemos serias sospechas que el Presidente no ha cambiado y sigue teniendo un prejuicio a su actuar y un sesgo que nos tiene sumidos en una profunda inseguridad», añadió luego el parlamentario. Además, aseguró que la agenda de seguridad que el Ejecutivo tramitará esta semana «no tienen nada que ver con las policías«.
Por su parte, el diputado José Miguel Castro puso énfasis en no «darles espalda a nuestras policías»: «Es el único en toda esta challa que hay el día de hoy que puede mover la aguja».
Ley Retamal
La iniciativa surge tras el asesinato del sargento segundo Carlos Retamal, asesinado tras fiscalizar carreras clandestinas en San Antonio, región de Valparaíso. En concreto, la ley propone: sanciones penales más drásticas contra quienes ataquen a carabineros (homicidios, maltrato de obra y lesiones); un marco especial para el sicariato en contra de los funcionarios policiales; ampliar el catálogo de medios armados de actuación y defensa de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI); tipificar el lanzar elementos incendiarios contra recintos o vehículos policiales (que implicaría modificar la Ley de Control de Armas); permitir el control de identidad de los ocupantes de un vehículo; establecer una presunción de racionalidad en el medio empleado cuando el funcionario policía o de Gendarmería repela un ataque haciendo uso de su arma de fuego; entre otros.